El inicio del juicio contra Dolores Etchevehere se sigue postergando. La hermana del exministro de Agroindustria del macrismo Luis Miguel Etchevehere debe enfrentar una causa por el delito de usurpación, luego de haber tomado la estancia familiar "Casa Nueva", en la localidad entrerriana de Santa Elena.

Según la investigación fiscal, Dolores tomó las instalaciones por lo que podría enfrentar una pena que va de seis meses a tres años de prisión por el delito de usurpación. También le atribuyó el delito de desobediencia, que estipula una pena de entre un mes y un año de prisión.

En su imputación, el fiscal Oscar Sobko sostuvo que Dolores, junto a otras 40 personas, ingresó a la estancia familiar y exigió la entrega de las llaves, a través de amenazas e intimidaciones a los trabajadores del lugar, usurpando las instalaciones y realizando trabajos en la tierra.

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Luego de 14 días de conflicto, la Justicia dispuso el desalojo de la estancia, donde se encontraba Etchevehere junto a militantes del Proyecto Artigas, y ordenó el "reintegro en forma inmediata" del predio.

Tras el desalojo, Dolores fue escoltada por la policía hasta la salida del predio y trasladada a la Jefatura Departamental de Policía de La Paz, donde permaneció detenida durante algunas horas.

En junio pasado, el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, elevó a juicio la causa por usurpación, pero no por el delito de desobediencia judicial aplicando perspectiva de género. Para el magistrado, la Fiscalía no trató del mismo modo a los hermanos Etchevehere, quienes desoyeron la orden de restricción -no acercamiento al establecimiento- que había dictado el juez subrogante Raúl Flores.

La defensa de Etchevehere recusó al juez Carballo, argumentando que el magistrado incurrió en una contradicción evidente, ya que un año antes rechazó la recusación planteada contra el fiscal Sobko por falta de perspectiva de género en la investigación.

Este planteo fue analizado por la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, quien el pasado 25 de agosto lo rechazó. De este modo, los abogados de Dolores recurrieron a la Cámara de Casación Penal provincial.

“(…) No puede soslayarse que el instituto de recusación es un mecanismo de excepción establecido para casos extraordinarios. En este sentido, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia se ha expresado que no cualquier motivo justifica el apartamiento de un magistrado y las razones que se invocan deben deben tener identidad. En este caso, la conducta invocada por los recusantes de modo alguno se observa”, dijo la magistrada.

En ese marco, la jueza agregó: "los hechos que invoca el recusante como pérdida de imparcialidad de modo alguno permiten afirmar que el magistrado ha incurrido en lo que denuncian. En nada se ve afectada su imparcialidad al haber resuelto conforme a su deber funcional los planteos que incoaron las propias defensa: la nuldiad de los hechos y los pedidos de sobreseimiento. Lo realizó en la oportunidad que correspondía emitir opinión y no intempestivamente, cuando uno se encuentra evitado de hacerlo".

Etchevere está acusada de haber tomado ilegalmente la estancia Casa Nueva, propiedad de la firma Las Margaritas SA, que dirige su madre, y sostiene que tiene derechos hereditarios de las tierras que pertenecieron a su fallecido padre, Félix Etchevehere.