Dos adolescentes patearon la cabeza de un hombre, se filmaron y lo subieron a redes sociales

El video que subieron a las redes sociales dos pibes de Tandil, el martes 13 de mayo, dura 47 segundos, el tiempo justo para los cánones de Tik Tok y que sume visualizaciones sin que los seguidores se vayan buscando otra fugacidad. La competencia por instalar el contenido más provocador en busca de likes es feroz.

En esos segundos se ve una producción pensada: nunca se ve el rostro de quienes filman, solo sus pies caminando por la vereda, hasta que llegan a un portal en donde, ensimismado en su precariedad, duerme un hombre. Sin mediar palabra, sin que el durmiente lo prevea, dos patadas certeras le hacen rebotar la cabeza contra la pared primero, contra el piso después. Terminada la faena, los pibes siguen caminando. Es tanta la risa que les provoca lo que hicieron, que la cámara tiembla.

Cuando llegaron a sus casas, lo subieron a sus redes sociales y lo mandaron por whatsapp a todos sus compañeros de colegio. Consiguieron el objetivo: miles de likes. Es que hay un ejército de inhumanos, la mayoría adolescente, que ven a un hecho así como muy gracioso, y muy merecido por ese hombre a quien ya ni ven como tal sino como un “fisura”, o una “lacra”, o un “marrón”, o cualquiera de esos adjetivos que instalaron los “influencers” de moda, siempre a la derecha de la derecha política, tan cercana al fascismo.

“La calle no es para dormir”, dice como un mantra el legislador porteño Ramiro Marra, el arquitecto de una estética política que reduce cuerpos a obstáculos humanos. Sus propuestas son el desalojo correctivo de quienes duermen en espacios públicos sin una alternativa habitacional, el recorte de planes sociales, la criminalización del cartoneo y la venta ambulante. En sus redes sociales muestra el “antes y el después” de plazas “limpias” de gente sin hogar, como si fueran maleza.

Su discurso no es único, es uno más entre los cientos de influencers de redes, muchos de ellos pagados con recursos del Estado o funcionarios públicos en ejercicio, que llaman “parásitos” a quienes piden monedas en el subte o viralizan “cacerías de negros manteros”, como llaman a quienes venden medias o anteojos por la calle para llevar un trozo de pan a su familia. Convierten no solo la crueldad en entretenimiento, sino en una ética y un pensamiento político consecuente.

En Rosario, en marzo de 2025, Hugo Orlando Silva, un hombre de 45 años en situación de calle, fue golpeado, rociado con un líquido inflamable y quemado mientras dormía. Murió dos días después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. La investigación llevó a la detención de dos menores, uno identificado por la hija de la víctima y otro entregado por su madre. En Buenos Aires, en abril de 2024, cuatro jóvenes fueron detenidos tras disparar con rifles de aire comprimido a personas en situación de calle en Belgrano, en un caso que involucró persecuciones y análisis de cámaras de seguridad.

Es el síntoma de un país donde cada 27 horas alguien agrede a una persona sin hogar, según el Registro Unificado de Violencias (RUV), y que da cuenta de que hay una muerte en la vía pública dada dos días.

El gobierno, al frente del Estado, no es ajeno. La noche del 30 de abril, por caso, la policía metropolitana desalojó a 30 familias que vivían a la vera de la Autopista Illia, y en el procedimiento les quemaron desde las frazadas hasta una silla de ruedas, con la promesa de llevarlos a un Centro, que generalmente no se cumple.

No puede cumplirse por una cuestión estadística: en la ciudad de Buenos Aires viven aproximadamente ocho mil personas en situación de calle, un 35% más que el año pasado, cuando ya había trepado un 23% con respecto al año anterior. Los paradores nocturnos, donde cada noche pueden acudir por cama, comida y ducha, son seis para buena parte de esa población sin techo. De esos seis, solo dos son para mujeres y niños que, con suerte y si son elegidos, podrán gozar de esos “lujos” una noche, hasta volver a ser elegidos, quizá con suerte, algunos meses después. Los hogares de tránsito son algunos más, donde quien ingresa puede pasar un par de meses hasta que vuelva a girar la rueda.

Salir de ese circuito sin ayuda es casi imposible, y los programas de reinserción son escasos o nulos. Por esa razón, también, muchos de quienes viven en la calle -y que para entrar deben dejar sus escasos tesoros, o sus animales de compañía- prefieren no ir, porque priorizan retener sus cosas o sus afectos, eso que pesa tanto para algunos, y que para quienes tienen un plato de comida y una cama caliente sin riesgos, es difícil de entender.

“Si yo no tengo para vivir, no pido, salgo a vender medias por la calle”, suelen decir las almas críticas de la miseria ajena, pero que no vacilan en celebrar que se persiga a los vendedores ambulantes porque afean el paisaje y sobre todo, “no pagan impuestos” en un país donde la evasión fiscal es celebrada hasta por el presidente.

Bajo la administración de Javier Milei, las políticas económicas han profundizado la crisis social. En mayo de 2024, la pobreza superó el 50%, y la indigencia aumentó, con más de 12.000 personas en situación de calle en Buenos Aires, según estimaciones de organizaciones sociales.

La violencia institucional contra las personas en situación de calle creció de manera alarmante. Según el RUV, entre diciembre del 2023 y diciembre del 2024, los casos relacionados con fuerzas estatales aumentaron un 500%, con 104 episodios reportados. Estas prácticas incluyen detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y malos tratos por parte del personal policial.

Estas acciones no solo violan los derechos humanos más básicos, sino que perpetúan un ciclo perpetuo: la marginación genera estigma, y el estigma justifica más marginación. Cuando el Estado, en lugar proteger a los más vulnerables, se convierte en un agente activo o pasivo del daño, el mensaje es claro: estas vidas no importan. Este aumento en la violencia institucional, combinado con la ausencia política, agrava una crisis ya profunda.

Las redes sociales han sido un amplificador clave de estos discursos, especialmente entre los jóvenes. En el caso de Tandil, los agresores no solo cometieron el acto, sino que lo compartieron en redes buscando atención y aprobación.

Estudios recientes muestran que más del 50% de los usuarios de redes experimentaron agresiones virtuales, con mujeres y grupos vulnerables como principales víctimas. Los algoritmos de estas plataformas priorizan contenido impactante, lo que puede incluir material odioso o violento, amplificando su alcance. Para los jóvenes, inmersos en un entorno digital donde la desinformación y la polarización son rampantes, estos mensajes pueden internalizarse fácilmente, traduciéndose en actos de violencia. El caso de Tandil es un ejemplo claro de cómo las redes sociales no solo reflejan, sino que también alimentan, el odio hacia los más vulnerables. Cuando haya una primera muerte por algún caso de violencia como la acontecida en Tandil, los “influencers” del discurso de odio, no se harán cargo.