La Policía de Ecuador confirmó este viernes que un patrullero se encontraba “de forma permanente” en el exterior de la Embajada Argentina en Quito, tras las acusaciones que vinculaban al país con la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte Pesantes.

A través de un comunicado, la Policía ecuatoriana especificó: “en este caso se encontraba de manera permanente un patrullero brindando seguridad ciudadana en el sector. Sin embargo, debemos recalcar que las embajadas que se encuentran en el país se consideran territorios extranjeros, por lo que la institución policial no tiene jurisdicción al interior de las instalaciones”.

En ese marco, la fuerza resaltó que “ejecutaremos todas las acciones de nuestra competencia para que la persona evadida rinda cuentas a la justicia”.

La fuga de Duarte devino en el pedido del gobierno de Ecuador de retirar a Gabriel Fuks como embajador argentino en Quito, ya que la exfuncionaria estaba asilada en la delegación argentina y dejó la residencia sin que nadie lo notara, y este martes fue vista en Caracas, capital de Venezuela. 

El vínculo entre ambos países se tensó luego de que la arquitecta María de los Ángeles Duarte Pesantes, exministra del Gobierno de Rafael Correa y madre de un hijo argentino de 12 años, solicitara el asilo político de la Argentina, que se lo otorgó pero que no pudo completar las gestiones luego de que Ecuador se negara a facilitar el salvoconducto para que la exfuncionaria viajara a Buenos Aires. 

Tensión política en Ecuador 

La oposición ecuatoriana activó este jueves el proceso de juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, al que acusan de presuntamente proteger a personas cercanas a él y al oficialismo en un supuesto entramado de corrupción en empresas públicas. 

La solicitud de juicio político de censura fue presentada en la Asamblea Nacional (Parlamento) tras reunir 58 firmas de legisladores del correísmo, el derechista Partido Social Cristano (PSC), antiguo aliado electoral de Lasso, y de algunos parlamentarios del movimiento indigenista Pachakutik y de Izquierda Democrática (ID). 

La acusación contra Lasso se basa en los presuntos delitos concusión y peculado (malversación), lo que previamente deberá ser evaluado por la Corte Constitucional para determinar si está debidamente fundamentada y que la Asamblea, de mayoría opositora, pueda seguir adelante con el proceso. 

Al presentar el pedido de juicio político, la asambleísta correísta Viviana Veloz aseguró que más legisladores se adherirán a la solicitud en los próximos días y afirmó contar con los 92 votos necesarios para censurar al jefe de Estado, equivalentes a dos terceras partes de la cámara. 

El pedido para censurar al jefe de Estado se acoge al artículo 192.2 de la Constitución ecuatoriana, que establece que se podrá abrir un juicio político al presidente por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.