El presidente Javier Milei no es ajeno a la polémica. Recientemente, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prohíbe los tratamientos de hormonización en menores de 18 años, modificando la ley de identidad de género de 2012. Esta medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, argumenta que los menores no poseen la madurez cognitiva para tomar decisiones irreversibles sobre su cuerpo. Según la declaración oficial, "una ideología de género llevada al extremo y aplicada a niños por la fuerza o coerción psicológica constituye simplemente abuso infantil".

Esta no es la primera vez que Milei utiliza los DNU para implementar cambios significativos sin pasar por el Congreso. Desde el inicio de su gestión, ha emitido varios decretos de este tipo incluyendo el mega DNU 70/2023. Esta práctica ha generado preocupación en sectores de la oposición, que buscan limitar el uso de los DNU. Proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados proponen que un decreto pierda vigencia si no es aprobado por ambas cámaras en un plazo de 90 días. Además, plantean la prohibición al Ejecutivo de dictar un DNU similar a otro que ya fue rechazado por el Congreso.

El reciente decreto que modifica la ley de identidad de género ha generado un intenso debate. La normativa original, sancionada en 2012, permitía que a partir de los 16 años accedieran a tratamientos de hormonización con el consentimiento de sus padres o tutores. Con la nueva medida, estos procedimientos quedan prohibidos para menores de 18 años, argumentando la protección de la salud mental y física de los jóvenes. Esta decisión ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+, que la consideran un retroceso en materia de derechos.

La utilización de DNU para implementar cambios de gran envergadura sin la intervención del Congreso ha sido una constante en la gestión de Milei. Esta herramienta, contemplada en la Constitución Nacional para situaciones excepcionales, ha sido empleada en diversas ocasiones, generando tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La oposición ha manifestado su preocupación por el uso recurrente de esta facultad, señalando la necesidad de fortalecer el rol del Congreso en la toma de decisiones trascendentales para el país.

En respuesta a estas acciones, sectores opositores han impulsado proyectos de ley que buscan establecer límites más estrictos al uso de los DNU. Entre las propuestas se incluye la obligatoriedad de que un decreto sea aprobado por ambas cámaras del Congreso en un plazo determinado para mantener su vigencia. Asimismo, se plantea la imposibilidad de que el Ejecutivo emita un DNU con contenido similar a otro previamente rechazado por el Legislativo. Estas iniciativas buscan equilibrar el poder entre los distintos órganos del Estado y garantizar un proceso democrático en la toma de decisiones.

El debate sobre el uso de los DNU y la reciente modificación de la ley de identidad de género pone de relieve las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en Argentina. Mientras el gobierno de Milei defiende la necesidad de estas medidas para implementar cambios urgentes, la oposición y diversos sectores de la sociedad civil abogan por un mayor control y participación del Congreso en decisiones que afectan derechos fundamentales. La discusión continúa, y el futuro de estas políticas dependerá en gran medida de las negociaciones y consensos que se logren en el ámbito legislativo.

Actualmente, el decreto que modifica la ley de identidad de género se encuentra bajo análisis de la Comisión Bicameral Permanente, encargada de evaluar la validez de los DNU emitidos por el Ejecutivo. Esta comisión tiene la facultad de dictaminar sobre la constitucionalidad y pertinencia de los decretos, y su decisión será clave para determinar el futuro de esta controvertida medida. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y sectores políticos continúan expresando sus posiciones, en un debate que promete seguir ocupando un lugar central en la agenda pública.