El 24 de marzo de 2017 Olga Díaz sufrió un intento de femicidio por parte de su ex pareja, Luis Rolando Palavecino, quien fue condenado por ese hecho a la pena de 20 años de prisión.

Previo a ese hecho, Díaz había realizado una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), luego de lo cual se inició un proceso judicial civil y otro penal, en el que no se adoptaron medidas de protección de manera oportuna y efectiva para prevenir el intento de femicidio, lo que movilizó a la peticionaria a denunciar al Estado ante el Comité.

En particular, alegó la violación de los artículos 1, 2, 16 y 5.a de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Ante el reclamo, el Estado argentino inició un proceso de diálogo que culminó en un Acuerdo de solución amistosa y abrió la puerta a numerosas mejoras en la justicia argentina en materia de género. 

El caso de Olga Díaz que obligó al Estado a repensar las medidas de protección para víctimas de violencia

En ese marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Oficina de la Mujer (OM), junto con la presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, María Isabel Benavente, y el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Julio Marcelo Lucini, encabezaron una jornada sobre "Estándares de debida diligencia y violencia doméstica" para magistradas y magistrados.

La actividad, desarrollada en la sala de audiencias del Palacio de Justicia, fue organizada por la OM de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), como parte del compromiso asumido por el Estado argentino por su responsabilidad. 

Las medidas

Entre las principales medidas adoptadas por el Estado a raíz del caso se destacan que, durante la cuarentena, se prorrogaron las medidas cautelares judicialmente decretadas de exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y contacto, perímetros de exclusión, otorgamiento de dispositivos, como botón antipánico, tobilleras, etc.

Se articuló con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires acciones para maximizar los dispositivos de monitoreo electrónico (botones antipánicos o tobilleras), siempre respetando la decisión de la víctima.

También se integraron al sistema Lex 100 las resoluciones y dictámenes sobre violencia doméstica y se implementó la notificación virtual de los juzgados a la policía sobre las decisiones tomadas en causas de violencia de género.

Asimismo, se hizo saber al Ministerio de la Salud de la Ciudad y al SAME que arbitre los medios para crear un ente de recepción de pedidos judiciales para coordinar y evaluar las prioridades de los requerimientos.

En el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se aprobó la creación de una Comisión de Género para articular las políticas en esta materia con la Oficina de la Mujer.

Se creó la Secretaría de Relaciones Institucionales y Acceso a Justicia para articular los recursos provenientes de la política pública (ANSES, PAMI, ADAJUS, entre otros) y dar respuesta a personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente personas que sufren violencia de género.

A solicitud de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, se aprobó el acceso común a los expedientes de violencia familiar al sistema LEX100 de los juzgados con competencia criminal y correccional, y los civiles con competencia en familia. De este modo, todas las actuaciones pueden ser consultadas por la justicia civil y penal que intervienen en los casos, lo que redunda en una mejor atención a la víctima.

Se desarrollaron sistemas de comunicación virtual que evitan prácticas revictimizantes y mejora la respuesta estatal. La Corte Suprema creó el cuerpo interdisciplinario forense para hacer más ágil y eficiente el trabajo en los juzgados de familia.

Finalmente, la Cámara Civil solicitó a la Oficina de la Mujer la capacitación en materia de violencia de género a los profesionales designados para ese cuerpo.