“Alberto, tenes un atraso” es uno de los lemas que se agitaron en redes sociales y en la caravana que se realizó esta semana. La promesa de presentar la ley de aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso que hizo el presidente Alberto Fernández tuvo esta semana algunas señales positivas luego de meses y meses de estar en el freezer, pandemia mediante.

El jueves, Sergio Massa se reunió con varias integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, después de dos suspensiones y varias vueltas. Lo que el presidente de la Cámara de Diputados propuso es que se arme una mesa de trabajo con Mónica Macha y Silvia Lospennato. Si bien el proyecto aún no llegó al recinto y quedan pocos días para el fin de las sesiones ordinarias (el 30 de noviembre), Massa deslizó que habrá sesiones hasta febrero.

Según las estimaciones oficiales, en Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año. Por la clandestinidad, los resultados no son exactos: uno de los datos que se utiliza para medir es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos. De acuerdo al Ministerio de Salud, el aborto es una de las principales causas de muerte materna en nuestro país: en 2017, representó el 14,85%.

Los detalles del proyecto, redactado por Vilma Ibarra, van en la línea de lo que se aprobó en 2018 en Diputados. Además, la propia Campaña Nacional por el Derecho al Aborto le recordó a Massa que el año pasado también presentaron un proyecto de ley y que aún tienen estado parlamentario. El eje de la reunión fue ese: hacer hincapié en que el aborto es una cuestión de salud pública y que el Estado debe intervenir en ello.

Antes de que la pandemia de coronavirus comenzara en nuestro país, la idea del Ejecutivo era presentar el proyecto en marzo para que se aprobara entre mayo y junio. La idea es partir hacia un modelo mixto: al aborto por causales (riesgo de vida, de salud o por violación) se le suma el hecho de cualquier mujer o persona gestante pueda ir a un hospital a solicitar la interrupción de su embarazo. En Argentina, el límite gestacional sería de 12 o 14 semanas. Otro de los puntos clave es la famosa objeción de conciencia y cómo será la reglamentación con respecto a los centros médicos.

¿Números? La especulación que se hace en Diputados es que si bien la paridad es alta, la aprobación se lograría. El dilema está en el Senado: como en 2018, los números son muy justos. La diferencia podría ser en que, en este caso, es un proyecto del Ejecutivo y se descuenta que tendrá su impulso. Lo otro que señalan tanto oficialistas como opositores que están a favor del aborto legal es el rol que tendrá la presidencia del Senado: en 2018, estaba a cargo de Gabriela Michetti, que se mostró siempre abiertamente en contra. Cristina Fernández de Kirchner cambió su postura con respecto a la que tenía cuando era presidenta y votó a favor, 

Lo que se conversó hasta ahora, además de esperar a que entre el proyecto, es que no se hagan sesiones informativas como sucedió en 2018 sino que se trate directamente en comisiones, básicamente para que se trate más rápido en el recinto.

Los movimientos feministas se preparan también para él después de la aprobación y reglamentación. Cabe resaltar que en muchos sectores de Argentina todavía cuesta muchísimo que se realicen los abortos que ya están permitidos por ley. Hace pocas semanas, dos jueces de un Tribunal Oral de la Ciudad de Buenos denunciaron a médicos y funcionarios por haber intervenido en el aborto de una adolescente de 15 años abusada por su hermanastro.

De todas formas, nadie puede asegurar que no se judicialice la ley apenas salga del Congreso. La apuesta es conseguir (el famoso forum shopping) que las denuncias caigan en manos de jueces y juezas en contra del derecho al aborto y que logren trabar cualquier tipo de implementación.