El Gobierno nacional y los representantes de los estados provinciales suscribieron un nuevo acuerdo fiscal el 27 de diciembre del año pasado. A pocos días de iniciado el 2022, ese acuerdo ingresó por la Cámara de Diputados para que pueda ser incluido en sesiones extraordinarias en caso de que el Poder Ejecutivo las convoque. El proyecto tiene un solo artículo que dispone la aprobación del consenso firmado en Casa Rosada.

Al igual que en el pacto fiscal del 2021, los gobernadores radicales pusieron su firma y el jefe de gobierno porteño no. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires persiste en su reclamo judicial contra el gobierno central por la quita de coparticipación del 2020 y ser parte del acuerdo obligaba a desistir del proceso judicial en marcha. El PRO, no tiene motivos para acompañar en el Congreso a diferencia de sus aliados políticos.

El último antecedente ofrece una división interna en el interbloque opositor. El pacto del 2021 fue aprobado en la Cámara baja por 140 votos a favor, 104 en contra y una abstención del radical José Cano. Los votos positivos los aportaron el Frente de Todos, los interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, Acción Federal y legisladores de Juntos por el Cambio que respondian a los gobernadores de la UCR de Corrientes Gustavo Valdés y de Jujuy, Gerardo Morales.

El acuerdo pone algunos parámetros para los impuestos provinciales. En Ingresos Brutos mantiene desgravadas las actividades de exportación de bienes pero hace una excepción a mineras o hidrocarburíferas. A su vez, fija un tope en impuestos al sello, alícuotas máximas del 3,5% a la transferencia de inmuebles y del 3% a la de automotores. Por último, los firmantes acordaron avanzar en un impuesto “a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza”. Es decir, un posible impuesto a la herencia en aquellas provincias que aún no lo tienen.

Para justificar la firma por un nuevo periodo, los gobernadores que sí acompañaron el Consenso Fiscal 2022 tuvieron el apoyo de la mesa nacional de Juntos por el Cambio con el compromiso de “no aumentar impuestos”. Pero si se consulta entre los diputados las críticas al contenido del entendimiento entre oficialismo y oposición afloran.

Legisladores de Juntos por el Cambio no quieren adelantar una definición sobre la votación de un tema que aún ni siquiera está en debate porque no hay sesiones extraordinarias. Alegan que aún no ha habido reuniones internas para definir una postura concreta con respecto a ese momento. Asumen la posición de los gobernadores radicales de suscribir por “necesidad” pero critican el fondo del Consenso. La oposición vuelve a quedar en la incómoda situación de criticar pero tener que dar algún voto para que el pacto pueda pasar por Diputados. El fantasma del presupuesto caído aparece. “Tenemos que ser más pacientes y que no nos gane el temperamento”, dicen.

El oficialismo no tiene los votos, la izquierda probablemente no tenga intenciones de brindar apoyo ni votos y los bloques libertarios tampoco. Son 8 bancas, un número para nada menor en el contexto de polarización actual. Entre los bloques federales, se suman las voluntades de rionegrinos, misioneros, neuquinos y cordobeses que son parte del pacto. Sin embargo, la sanción positiva en Diputados necesita de algún voto de Juntos por el Cambio.

Para que no se caiga nuevamente un proyecto que los gobernadores propios necesitan, deberán aportar alguna abstención, alguna ausencia o directamente votos. Ahí están los liberales, esperando una división en el principal bloque opositor para sacar rédito.