El Ministerio de Seguridad de la Nación ejecutó este jueves un operativo que marcó el fin de la ocupación ilegal en el Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia de Chubut. Desde 2020, la comunidad Lof Paillako, liderada por Cruz Cárdenas y su pareja María Belén Salinas, mantenía bajo control áreas clave del parque, incluida la Seccional El Maitenal, tras ingresar de manera ilegal.

La acción fue ordenada por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, luego de acreditar que el grupo había ocupado las tierras mediante violencia, amenazas y daños materiales. El plazo para que abandonaran el lugar venció este jueves, pero al momento del ingreso de las fuerzas de seguridad, el predio estaba deshabitado.

“Acabamos de recuperar la seccional El Maitenal que este grupo autoproclamado mapuche usurpaba desde 2020. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, expresó el director de Parques Nacionales, Cristian Larsen, en sus redes sociales.

X de Cristian Larsen

Más de 100 efectivos de la Policía Federal Argentina participaron en el despliegue, incluyendo grupos especializados en control de disturbios. Según Otranto, “no había ninguna persona en el predio por desalojar”, lo que permitió que el proceso de restitución se realizara de manera pacífica.

Guardaparques se encargaron de reemplazar la bandera mapuche izada en la Seccional por la insignia argentina, mientras se avanzaba con el inventario de bienes en la zona. En paralelo, se retiraron obstáculos y se verificaron daños en construcciones e infraestructura del parque.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, calificó el operativo como un acto de justicia largamente esperado. “Esto debería haberse resuelto hace mucho tiempo. Vamos a abrir un diálogo con las comunidades mapuches registradas, aquellas que realmente tienen raíces originarias”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Torres también señaló la presunta conexión de la Lof Paillako con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y financiamiento proveniente de Chile. “Son falsos mapuches que utilizan esta autopercepción para usurpar tierras públicas y privadas”, aseguró.

El fallo de Otranto incluyó un extenso listado de incidentes que fundamentaron la orden de desalojo. Entre ellos, ataques físicos a guardaparques, destrucción de vegetación nativa y daños en construcciones históricas del parque. En uno de los episodios más graves, ocurrido en septiembre de 2020, encapuchados arrojaron piedras contra una camioneta oficial, dejando al personal herido.

Cruz Cárdenas fue procesado como coautor de usurpación en concurso con delitos de daño agravado y atentado a la autoridad. Su pareja enfrenta cargos similares, sumados a intentos de agresión.

Antes de liderar la ocupación, Cárdenas trabajó como brigadista para la Administración de Parques Nacionales, pero en 2016 comenzó a identificarse como mapuche y a desconocer la autoridad estatal. Fue señalado por autoridades locales como responsable de incendios forestales en la región.

El desalojo ocurre tras el vencimiento de la Ley 26.160, que suspendía desalojos en territorios indígenas en todo el país. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó que este es el “primer desalojo bajo el nuevo marco legal”.

Desde la comunidad Lof Paillako, sus abogados presentaron recursos judiciales ante la Corte Suprema, argumentando que la medida es "inconstitucional e injusta". Sin embargo, el proceso avanzó sin interrupciones significativas.

Actualmente, hay otras causas similares en trámite en las provincias de Río Negro y Neuquén.