Alberto Fernández se prepara para encarar un diciembre que judicialmente le implicará una serie de decisiones relacionadas con un ámbito que por ahora no le dio demasiadas victorias. La afamada reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal fue impulsada íntegramente por el kirchnerismo con el objetivo de lograr que haya finalmente un titular en la Procuración General de la Nación. Por eso es que llevaron adelante el famoso plan “desarmar los dos tercios”, algo que el macrismo también había intentado durante su gobierno.

No obstante, ese punto trae varios dilemas y resistencias. La primera, la del candidato a ese puesto, Daniel Rafecas, que ya dijo varias veces que no está interesado en asumir si cambian este requisito. El presidente dijo esta semana que los dos tercios no son algo que esté en la Constitución y dejó abierta la puerta a que sea finalmente el método que lleve adelante para conseguir que un candidato llegue. También reiteró que su único elegido es Rafecas. ¿Entonces? En la Rosada apuntan a conseguir esos dos tercios y luego modificar, en todo caso, la ley. O sea, que el juez federal llegue con las reglas actuales.

Ese panorama resulta difícil si se tiene en cuenta la última semana del Gobierno y la relación que mantuvo con el ala dialoguista de la oposición. A esto se le suma la resistencia en el mundo judicial y de las organizaciones. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) planteó en una carta que le dirigió a los y las senadoras que disminuir el requisito necesario para asumir “dañaría la legitimidad de la persona designada”.

El INECIP (cuyo presidente es el reconocido jurista Alberto Binder) planteó que toda la reforma es “innecesaria, inoportuna e inconveniente”, además de “sumamente peligrosa”. El CELS (que suele ser “aliado” en temas como este) también planteó sus objeciones. Consideró que ciertos artículos del proyecto de ley, en particular los que hacen al proceso de remoción del Procurador “debilitan la estabilidad en el cargo de la máxima autoridad del MPF, lo que resulta contradictorio con la intención de fortalecer el rol de la cabeza del Ministerio Público Fiscal”. 

“Un mandato limitado y con menos resguardos para su estabilidad pueden condicionar su independencia”, planteó el CELS en un documento al que accedió Data Clave. A eso le agregó que ciertas reformas “distorsionan el modelo de organización elegido y ponen en juego la estabilidad y el rol de quien debe conducir a las y los fiscales federales del país”.

Estas modificaciones van ahora a Diputados, donde duerme la reforma judicial hace meses por falta de los votos necesarios para aprobarla. ¿Está Alberto dispuesto a negociar con sus aliados alguna de estos dos proyectos? ¿Son centrales? ¿O negociará directamente con los votos que necesita para Rafecas en detrimento del proyecto impulsado por el kirchnerismo?

Mientras estos dilemas siguen sin una respuesta clara (los interlocutores cambian de opinión varias veces por semana), el presidente decidió avanzar con algo que en principio no va a tener demasiados cuestionamiento hacia adentro de su coalición. El pliego de Alejo Ramos Padilla, el juez de la causa D’Alessio fue enviado al Senado esta semana para ocupar el juzgado electoral más importante de todos: el federal de La Plata, que tiene competencia en toda la provincia de Buenos Aires.

Ramos Padilla había salido primero en el concurso en el Consejo de la Magistratura. En el macrismo nunca lo quisieron así que eligieron a otro candidato (Laureano Durán) pero no llegaron a aprobarlo. Ese pliego fue retirado por el gobierno actual y eso le dio la chance al juez actual de Dolores de ser finalmente el elegido. Ahora, le quedará pasar por una audiencia pública en el Senado y después necesitará 37 votos positivos para ser ratificado, número que el oficialismo tiene sin problemas.

Mientras tanto, en el Consejo de la Magistratura, se eligieron los cuatro jurados que van a intervenir en el concurso para los puestos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Las estimaciones más positivas dan que para octubre del año que viene podría estar definida la terna de candidatos. Mientras tanto, el Consejo tiene pendiente qué hacer con el famoso Eduardo Farah, el “trasladado a la fuerza” que ahora quiere volver a la Cámara.