El escándalo de corrupción en PAMI: las denuncias de Viviana Aguirre salpican a Sebastián Pareja y Karina Milei

Viviana Aguirre no es una figura anónima en el nuevo panorama político argentino desde la irrupción de La Libertad Avanza. Durante la campaña presidencial de Javier Milei, fue una militante comprometida que -cuando el incipiente movimiento no contaba con los recursos a los que luego accedió- aportó más de quince millones de pesos de su bolsillo. 

En los actos eleccionarios fue fiscal general y después fue nombrada coordinadora contable de la Unidad de Gestión Local VII (UGL VII) de PAMI en La Plata en febrero de 2024. Sin embargo, lo que comenzó como una oportunidad para servir a la causa libertaria se transformó en un enfrentamiento directo con lo que ella describe como "una red de corrupción interna".

Aguirre detalló cómo, antes de ser nombrada directora de PAMI, Juan Osaba, colaborador cercano de Sebastián Pareja, le exigió un "retorno" de un millón de pesos mensuales. "Me dijeron que tenía que firmar papeles ilegales, pero me negué porque no soy corrupta", afirmó en una entrevista con Gustavo Sylvestre en Radio 10. Según su testimonio, este "retorno" era una condición implícita para acceder a cualquier cargo dentro de la estructura de LLA en PAMI, una práctica que, según ella, se extendía a otros empleados.

Las irregularidades no se limitaban a las coimas. Aguirre denunció que los empleados de PAMI eran obligados a desviar parte de sus sueldos para financiar actividades partidarias de LLA, con porcentajes que empezaban en el 5% y podían llegar a más, dependiendo del salario. Además, habló de sobreprecios en contrataciones y licitaciones poco transparentes, prácticas que, según ella, no son exclusivas de La Plata sino que se repiten en delegaciones de otras provincias como Misiones, Santa Cruz y Chaco.

Una red de poder dentro de LLA

En el centro de este escándalo se encuentran dos figuras clave de La Libertad Avanza: Sebastián Pareja y Juan Osaba. Pareja, descrito como el "armador provincial" de LLA en Buenos Aires y mano derecha de Karina Milei, es acusado por Aguirre de ser el líder de estas supuestas irregularidades. 

Osaba, su colaborador directo, es señalado como el encargado de exigir el "retorno" a Aguirre y de presionarla para que firmara documentos ilegales. Según Aguirre, Pareja y Osaba la cesantearon tras negarse a participar en el esquema, un acto que ella interpreta como un intento de silenciarla.

Milei, el presidente, no escapa a las críticas. La ahora exfuncionaria asegura que le informó personalmente sobre las irregularidades, pero que él las ignoró. "Creía en él y en el cambio, pero todo se volvió una corrupción plena", lamentó en una entrevista con C5N. Por su parte, Karina Milei, quien tiene una relación simbiótica con Pareja en el armado político de toda la provincia, lejos de responder a los mensajes de Viviana Aguirre por las redes sociales -el único método que la desplazada encontró para llegar a la figura más poderosa del gobierno- bloqueó a Aguirre en las redes sociales tras sus intentos de comunicarse, un gesto que Aguirre interpreta como un intento de desmarcarse del escándalo.

Otro personaje relevante es Raúl Simonetto, ex titular de PAMI en La Plata, quien trabajó junto a Aguirre en la investigación de estas prácticas corruptas. Simonetto también fue cesanteado, según Aguirre, por negarse a participar en el esquema, lo que refuerza la narrativa de una purga interna contra quienes se opusieron a las irregularidades.

Los audios en manos de la justicia

Aguirre asegura tener pruebas contundentes: audios, grabaciones y capturas de pantalla que presentó ante el juez Alejo Ramos Padilla. La investigación judicial está en manos del fiscal federal Patricio Sabadini, quien también investiga casos similares en otras provincias.

Uno de los exfuncionarios de PAMI en la sucursal La Plata, que declaró en la causa como testigo, involucra a otros funcionarios platenses en una trama de corruptela que les habría facilitado, incluso, ascensos dentro del organismo. En su testimonio pone en duda la calidad de la auditoría promovida por el Director Ejecutivo de PAMI, Esteban Leguizamo, puesto que -según el testigo- "todo lo que rodea a Leguizamo es turbio, es un hombre de Rojo, un famoso pirata del asfalto de City Bell". Otros testimonios dan cuenta de directivas directas de Leguizamo, nombramientos en La Plata y auditorías plagadas de irregularidades que la justicia deberá investigar. 

A esto se suma el testimonio de Raúl Carlos Simonetto, director ejecutivo de la UGL VII, quien amplía en la causa lo que denunció Aguirre. En la denuncia consta que dijo: "Juan Esteban Osaba, llamaba incontables veces a Viviana Aguirre, a formalizar reuniones fuera de la Sede de PAMI, en la cafetería de la plaza Islas Malvinas, donde le recordaba que debería entregar en efectivo, $ 500.000 de su sueldo como Coordinadora Contable, y advirtiéndole que tambié le exija, como su jefa política, $ 1.000.000 al Director Ejecutivo Local de la UGL VII, para la causa de LLA."

SImonetto da cuenta también de una red de funcionarios recientemente nombrados vinculados entre sí por relaciones personales o contactos políticos, que actuarían de manera coordinada para que los hechos de corrupción -como los cobros indebidos por prestaciones no realizadas- se realicen y no se investiguen. En el vértice de esa red señala, al igual que Aguirre, a Osaba: “Como no estábamos cumpliendo absolutamente con lo ordenado por Juan Esteban Osaba, una tarde me contacta telefónicamente por WhatsApp el senador Sebastián Pareja, aunque sin mencionar el nombre de la diputada Viviana Aguirre, advirtiéndome que le avisara a esa chica que no siguiera actuando en contra de sus órdenes o de las de sus coordinadores de La Plata, porque la iba a sacar del partido LLA”, dijo Simonetto.

Uno de los audios que consta en el expediente, reproduce la conversación entre Viviana Aguirre y Natalia Bianchi, coordinadora contable de la gerencia operativa de PAMI, en el que comentan el ingreso irregular a las oficinas, despachos y archivos de Pami de personas no autorizadas;  que revisaron y se llevaron documentación confidencial. Esas personas, entre las que estaba Lucrecia Osaba, hermana de Juan Esteban, y Betiana Ruiz, quien fue la encargada de recolectar los documentos, y responderían al mismo Osaba y a Sebastián Pareja. 

Osaba habría dicho, incluso, y según el testimonio de Aguirre, al retirar la papelería: "Nos manda Sebastián Pareja, Esteban Leguizamo y Carlos Samparolo a buscar estos documentos", a pesar de no ser personal de Pami ni estar al frente de ninguna gestión consecuente, sino solo militantes de LLA. 

Como consecuencia de los reclamos de Aguirre por la incautación de documentos sensibles que no deberían salir del organismo, el mismo Juan Esteban Osaba la llamó de modo amenazante: "Si me vas a complicar el armado, Vivi, vamos a hablar distinto, porque esta gente es mía, eh? es mía! Asi que vos confiás en mí o no confiás en mí, elegí lo que vos quieras!"

Viviana Aguirre recurrió entonces a Pareja, quien nunca la atendió pero, como consecuencia de su insistencia en exponer la denuncia, Aguirre recibió un llamado del senador provincial Carlos Curestis, invitándola a hablar del tema con el fin de resolverlo y que no escale ni en la Justicia ni en los medios; según consta en el mismo expediente. 

La cuestión, de todos modos, viró hacia la violencia cuando Viviana Aguirre -a sabiendas de que su denuncia nunca tendría efecto dentro de LLA- decidió recurrir a la Justicia. El 6 de septiembre de 2024 la mujer recibió amenazas por mensaje privado de una red social. Allí le afirmaron: "Si me traes problemas, y a Pareja, la vas a pasar pésimo, diputada trucha. Bajá la denuncia". Por ello, radicó otra más en la Comisaría de la Mujer y la Familia de La Plata. 

El contexto político

La reacción del gobierno fue tibia y evasiva. El Jefe de Gabinete Guillermo Francos, cuestionó la veracidad de las acusaciones y la estabilidad emocional de Aguirre, de manera casi obvia. 

Francos desestimó las acusaciones en una entrevista con C5N y aseguró que no le preocupa el caso hasta que haya una condena, como un intento de minimizar el escándalo. Esta actitud refleja una estrategia común en la política argentina: deslegitimar al denunciante en lugar de abordar las acusaciones de fondo. Todo parece indicar, además, que esto entra dentro de la puja entre el sector "caputista" y el bloque político que lideran Karina Milei y los primos Menem, que tiene a Pareja como referente en la provincia. 

Si las denuncias de Aguirre se confirman, podrían erosionar la confianza pública en la administración y abrir la puerta a más investigaciones sobre la gestión de fondos públicos. Además, el hecho de que las irregularidades se extiendan a otras provincias sugiere que el problema podría ser sistémico dentro de LLA, lo que podría tener implicaciones directas en las elecciones de medio término. 

Aguirre, por su parte, se ha convertido en una figura controvertida. Algunos la ven como una heroína que se atreve a desafiar al sistema desde adentro, mientras que otros la consideran una desestabilizadora que busca ganar protagonismo. Su trayectoria, marcada por su compromiso inicial con Milei y su posterior denuncia, la posiciona como un símbolo de las tensiones internas dentro de LLA.