El gobierno arremete contra los estatales, con el foco puesto en despidos y en su día no laborable

El pasado miércoles, el Gobierno nacional anunció la eliminación por decreto del Día del Empleado Público, jornada que se celebra cada 27 de junio como asueto en la administración pública nacional. La medida fue publicada en el Boletín Oficial de este jueves, lo que provocó el inmediato rechazo de los sindicatos estatales, que judicializaron el decreto y llamaron a tomarse el día de descanso de todas formas.

Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, “el Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene”. En conferencia de prensa, el portavoz agregó que “ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”, y que quienes trabajan en el Estado deben hacerlo “para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia.

La medida fue repudiada por los sindicatos de trabajadores estatales. Este jueves, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó de “trucho” el decreto publicado por el Ejecutivo y llamó a los trabajadores a tomarse el día libre.

“Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional. Se les nota mucho la impotencia, nos quieren castigar porque los estatales no nos entregamos y hemos sido el sindicato que los confrontó desde el primer día”, señaló Aguiar desde su cuenta de X.

Por su parte, desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), calificaron la medida como “otra arbitrariedad en desmedro de los trabajadores públicos nacionales”.

A través de un comunicado, el gremio que conduce Andrés Rodríguez, señaló que “no hay ninguna necesidad ni tampoco urgencia que justifique el uso de un decreto para barrer con un derecho establecido por ley” y afirmó que la medida constituye un “desprecio por el Estado y por quienes todos los días lo hacemos funcionar”.

ATE, UPCN y el particular Pablo Martín Pérez Ledesma presentaron amparos para que se declare la inconstitucionalidad de la medida dispuesta por el Gobierno nacional.

“El Día del Trabajador Estatal está instituido como tantos días de otras ramas. Cada gremio tiene su día, incluso en el ámbito privado. Están siguiendo los mismos pasos que la Dictadura Militar, que en su momento derogaron los días de cada uno de los gremios”, apuntó el titular de ATE tras su presentación judicial. La presentación recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 3.

Por la tarde del jueves, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la cautelar presentada por ATE y suspendió de manera provisoria el DNU que derogaba el feriado del 27 de junio, en consonancia con el Día del Empleado Público.

La jueza nacional del Trabajo, Moira Fullana, se centró específicamente en el artículo N°2 del DNU 430/2025, que es el que obligaba a los trabajadores estatales nacionales a trabajar con normalidad este viernes

Más temprano, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró el ajuste en el sector público y reveló que el Gobierno ya despidió 50.000 trabajadores estatales. 

“Sigue la motosierra. Recordemos que cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos. Ya vamos por un ahorro anual de u$s2.000 millones. Por eso la motosierra es tan popular. Gracias presidente Milei por marcar el rumbo. Viva la Libertad Carajo”, apuntó desde su cuenta de X.

El funcionario adelantó datos que se conocerán con mayor precisión en el informe que el INDEC publicará el próximo lunes sobre "Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades" de mayo. Según las cifras difundidas, en el quinto mes del año se registraron 2.864 empleados estatales menos que en abril.

De este modo, desde diciembre de 2023 el recorte ya alcanzó a 50.591 trabajadores. De ese total, 29.499 corresponden a la Administración centralizada y descentralizada, 15.592 a Empresas del Estado y 5.500 a Personal Militar y de Seguridad.