Luego del anuncio del Gobierno nacional para facilitar el uso de dólares “debajo del colchón”, desde la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) salieron a criticar la medida y advirtieron que se trata de “un mecanismo de blanqueo encubierto”.

La medida publicada el último viernes en el Boletín Oficial, establece plan integral para simplificar y desregular los trámites vinculados a la inversión y adquisición de bienes, en línea con compromisos internacionales asumidos por la Argentina. “Este paquete es para devolverle la libertad a los argentinos. Para que puedan usar sus ahorros”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, el fin de semana.

En este marco, el titular de ARBA, Cristian Girard, remarcó que, pese a las declaraciones oficiales, no se produjeron cambios sustanciales en las obligaciones tributarias vigentes. “No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”, apuntó el funcionario.

El director ejecutivo de la agencia de recaudación criticó que la medida “se presenta como una reparación para ahorristas”, pero que en realidad es “un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados”.

“No apunta a ahorros acumulados, sino que apunta a que no se acumulen fondos no declarados a la espera de un futuro nuevo blanqueo. Pero la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero sigue intacta. Eso deja a las y los contribuyentes en un limbo legal, porque no se explicita si este anuncio tendrá efectos retroactivos ni cuáles son sus límites reales”, apuntó.

Asimismo, el titular de ARBA señaló que “lo único implementado hasta ahora fue la derogación o reformulación de ciertos regímenes de información y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias”. En este último caso, las personas alcanzadas ya no deben declarar variaciones patrimoniales, sino únicamente ingresos y gastos deducibles.

“Mientras no haya una norma sancionada por el Congreso, todo queda en un terreno incierto. Si una persona adhiere al régimen y luego se comprueba que utilizó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente”, señaló Girard y agregó: “Esto no es una amnistía ni un nuevo orden fiscal. Lo único concreto es que ARCA deja de controlar. Párrafo aparte para la responsabilidad que asumen quienes deciden no reclamar impuestos evadidos”.

Por último, el funcionario bonaerense ratificó que van a mantener los controles para garantizar el cumplimiento tributario. “Nuestra tarea es asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde. Esa es la única forma de construir un sistema justo y de recaudar con equidad para sostener políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad”, concluyó.