El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo del juez Roberto Gallardo que prohibió a las fuerzas federales intervenir en el operativo de seguridad prevista ante la marcha de mañana de los jubilados frente al Congreso, de la que también tomará parte la CGT.

La Ciudad, a través de la Procuración General, pidió que se revoque el fallo de Gallardo, al que consideró “nulo” y solicitó que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para el tratamiento ante la inminencia de la marcha y movilización anunciada para mañana.

Cuando se conoció la resolución, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció ayer que denunció al juez Gallardo ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que el magistrado ordenase que la Policía porteña se hiciera cargo del operativo de la marcha de jubilado. 

“Este modo de actuar, interviniendo, forzando la jurisdicción y la competencia, es lo que en la doctrina se conoce como ‘forum shopping’, y habilita la presente denuncia ante la verosímil comisión de la causal de Mal Desempeño prevista en la Constitución de la Ciudad”, afirmó Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, que firmó la denuncia.

“Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado”, señaló el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Agregó que en materia de seguridad debe analizarse “cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación” y dijo que “lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”.

La apelación considera “improcedente” la medida precautoria dictada por “la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes”.

La apelación argumenta que la medida del juez Gallardo fue resuelta sin la intervención previa del Gobierno de la Ciudad ni se garantizó el derecho de defensa.

Para el gobierno porteño, el juez se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque invade a la Administración en cuanto a la “discrecionalidad técnica” para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

El recurso legal, que lleva la firma de Agustín Luzzi, director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de la Ciudad, sostiene que el “pronunciamiento recurrido es el producto individual de la voluntad del juez, basada en su simple convicción personal".