Un nuevo conflicto entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de la Nación emerge. Esta vez, la discusión pasa por un tema crítico, aunque poco abordado. 

Todo comenzó con la denuncia del secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, quien denunció que “el Servicio Penitenciario Federal (SPF) cerró el ingreso de detenidos desde la Ciudad de Buenos Aires, que no cuenta con un sistema carcelario propio”. Producto de esa decisión, según el funcionario “la Policía de la Ciudad tuvieron que cumplir funciones que no les corresponde como vigilar a los presos”.

Tweet de Marcelo D'Alessandro

Vale destacar que desde 2004 está vigente un convenio de cooperación entre la Ciudad y el Gobierno Nacional por el cual el SPF “debe hacerse cargo de las personas privadas de la libertad, ya sea por estar procesadas con prisión preventiva o condenadas, por la Justicia con competencia penal en la Ciudad”.

Según trascendió en distintas notas periodísticas, replicadas por el funcionario, la cantidad de presos pasó de 61 a 712 detenidos en apenas un año y dos meses, generando así el colapso del sistema. Fuentes de la administración porteña detallaron que “el SPF dejó de recibir detenidos y nos obligó a alojarlos en las comisarías, cosa que está prohibido”. Además, precisaron que la Ciudad presentó un habeas corpus y distintas denuncias, una de las cuales se tramita en el juzgado federal de Sebastián Casanello. Pero en el mientras tanto, “los presos siguen acumulándose”, dicen en Ciudad. 

Tras estas afirmaciones, el Gobierno Nacional recogió el guante y contestó. Lo hizo a través de María Luisa Garrigó, interventora del Servicio Penitenciario Federal, quien pertenece a su vez a Justicia Légitima. 

Vía Twitter, la funcionaria aseguró que la situación de colapso denunciada “es mentira”. Y negó también que el Gobierno haya suspendido el ingreso de presos de la Ciudad a cárceles federales, al señalar que “desde abril 2020 hasta mayo 2021 el SPF ha recibido en los complejos de AMBA 3369 personas detenidas por la policía de CABA y 610 que detuvieron otras fuerzas de seguridad”.

Tweet de María Laura Garrigós

Además, apuntó contra la gestión porteña al apuntar que “en 2019 el (ex) ministro Garavano reconoció la emergencia carcelaria fruto de las reformas a la ley de ejecución y otras reformas procesales como la ley de flagrancia. Pese a eso las autoridades de CABA no han cumplido con el compromiso asumido”. Según Garrigó, Ciudad debía entregar en noviembre “un complejo de 2200 plazas, para lo que la Nación adelantó el dinero, y en cambio suspendieron la construcción”. 

No es una situación nueva la acumulación de detenidos en comisarías, y la frágil condición de las cárceles. Si es nuevo que los funcionarios de las distintas jurisdicciones decidan confrontar públicamente y generar un nuevo conflicto entre ambos gobiernos.