El diputado nacional de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, apuntó contra el Gobierno por no reglamentar un artículo clave de la Ley Bases que busca evitar la evasión fiscal en el sector tabacalero. Según López, esta omisión beneficia directamente a ciertas empresas, entre ellas Tabacalera Sarandí, dirigida por Pablo Otero, apodado como “El Señor del Tabaco”.

“Con la oposición inexplicable de algunos bloques logramos incorporar en la Ley Bases legislación para frenar las maniobras de ciertas tabacaleras. Seis meses después, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no reglamenta nada”, denunció López en su cuenta de X.

X de Juan Manuel López

La norma establece que las tabacaleras deben tributar un 73% sobre el precio de venta al consumidor, valor que actualmente informan las propias empresas a la ARCA. Según López, estas compañías estarían declarando precios hasta un 140% inferiores a los de mercado, permitiéndoles pagar menos impuestos de lo que realmente corresponde.

En los comercios, un paquete de cigarrillos se vende por encima de los $2000, mientras que los precios declarados por algunas empresas oscilan entre los $440 y $900. Según datos de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), el precio promedio de un atado de 20 cigarrillos en junio de 2024 era de $1699,85, muy por encima de las cifras que informan las tabacaleras.

El artículo incorporado a la Ley Bases exige que la ARCA realice un relevamiento independiente del precio de venta al consumidor. Si el precio informado por las tabacaleras es un 20% menor al relevado, se utilizará este último como base imponible. Sin embargo, la falta de reglamentación mantiene estas disposiciones sin efecto, lo que, según López, pone en riesgo la recaudación de hasta 300 millones de dólares anuales.

La Coalición Cívica exige que la ARCA explique las razones de la demora, detalle las acciones realizadas y fije una fecha concreta para la reglamentación. Además, solicita información sobre los recursos fiscales perdidos debido a esta inacción.

En este contexto, la falta de control sobre el sector tabacalero se suma a una serie de cuestionamientos hacia la gestión gubernamental en materia tributaria, en un país que enfrenta un déficit fiscal y restricciones presupuestarias. Según especialistas, mejorar la fiscalización del sector tabacalero podría aliviar parte de la presión financiera del Estado y fortalecer los ingresos fiscales en un escenario económico crítico.