El doctor Aníbal Gómez, ministro de la Comunidad a cargo de Desarrollo Humano, pidió a la población formoseña “acompañar las medidas sanitarias que nos permiten tener un diagnóstico temprano y darle la posibilidad al paciente de un tratamiento adecuado frente al COVID-19”.

En declaraciones que al medio Agenfor, el funcionario subrayó que “las medidas sanitarias que se vienen adoptando en todo el territorio provincial tienen que ver fundamentalmente con la detección temprana de los casos”.

Para que ello ocurra se necesitan varias cuestiones, explicó, entre ellas que “la población tenga la posibilidad de un diagnóstico temprano y esto es lo que el Gobierno provincial ha brindado instalando 20 laboratorios”.

La gente volvió a salir a las calles en Formosa a protestar contra las medidas del Gobierno, ya que decidieron volver a fase 1 ante 17 nuevos casos de coronavirus. Ayer fue un día muy intenso y con una evidente represión policial, donde hubo balas de goma, palos y gases lacrimógenos.

Por su parte Jorge Oscar Ibañez, ministro de Economía formoseño, manifestó que “el gobierno dialogará para consensuar soluciones” para los sectores comerciales afectados por la aplicación del ASPO en la ciudad.

Al analizar la protesta ocurrida en inmediaciones de Casa de Gobierno el día viernes, pidió que “los hechos que vimos en las imágenes nunca vuelvan a repetirse” y en varias oportunidades reiteró que como Gobierno “estamos de acuerdo en el legítimo reclamo de cualquier trabajador”.

Este sábado habló en Mendoza el propio Alberto Fernández y dijo que no dialogó con Gildo Insfrán, pero que no está contento con lo que ocurrió. “Nos preocupa la violencia institucional, lo estamos analizando. Ya hemos expresado nuestro malestar por la forma en que se han desarrollado los actos que no compartimos en lo más mínimo”, manifestó.

La secretaría de Derechos Humanos, que conduce Horacio Pietragalla, ayer publicó una serie de tweets con un tono ambiguo. Y si bien condenaron la represión policial, reivindicaron la figura del gobernador.

“Las fuerzas de seguridad, tanto las nacionales como las provinciales, deben estar capacitadas para contener actos de violencia, en el contexto de protestas en un marco de pleno respeto de los derechos humanos. Después de los hechos, la Secretaría de Derechos Humanos se mantuvo en comunicación con las autoridades provinciales, y con organismos de derechos humanos locales para monitorear la situación de los heridos y los detenidos”, concluye el comunicado.

No obstante, Ibáñez aclaró que si el reclamo estaba orientado a la apertura de bares y restaurantes, analizó que “de las imágenes que pude vislumbrar no vi trabajadores, empresarios ni propietarios de esos lugares”.

Por último, consideró que hubo un uso político del reclamo, al señalar que “hay dirigentes políticos que se están aprovechando de estos justos reclamos y tienen una cobertura mediática nacional, casi en cadena de los principales privados de Buenos Aires”.