La Ciudad de Buenos Aires le informó al Gobierno Nacional, a través de una carta, que no participará de la reunión convocada para la quita de un punto de coparticipación. Argumentaron que se debe a que plantearon judicialmente la “inconstitucionalidad” de la Ley.

Nuevamente se dieron a conocer los roces entre CABA y Nación por diferencias políticas y asignación de recursos. En un escrito formal a cargo de la Secretaría General, presidida por Fernando Straface, se le comunicó a los ministros de Interior y de Economía; Eduardo De Pedro y Martín Guzmán respectivamente, que no participarán de dicho encuentro.

La convocatoria del Gobierno fue para poder avanzar en la Ley 27.606, que trata el “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En el segundo párrafo, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta aclara que “nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta según lo establecido por el artículo 2° de esta ley ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma”.

A su vez, agregan que “la Ciudad de Buenos Aires ha impulsado el diálogo y la concertación como mecanismos para lograr consensos, pero consideramos que precisamente en este caso los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta Ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover”.

Entre los argumentos ya conocidos, explican que esta Ley impulsada por Alberto Fernández “consagra una violación a la división de poderes, a la seguridad jurídica, a la estabilidad de los actos de gobierno”, entre otros puntos.

“Además, se está obligando a la Ciudad a negociar desde una posición desfavorable al predeterminar las bases del cálculo de las sumas que se pretenden fijar y al establecer una actualización trimestral. Y a esto se suma que los condicionamientos impuestos por el artículo 2° de la Ley nos impiden entablar negociación alguna”, reiteran.

Por último, manifestaron: “Esperamos encontrar una alternativa a través de un diálogo abierto, sincero y de buena fe, como el que hemos promovido desde el primer día para resolver cualquier diferencia. Y siempre en un marco de legalidad, transparencia e institucionalidad que, según nuestras convicciones, son valores fundamentales”.