Con el argumento de "maximizar la eficacia en la gestión pública", el Gobierno nacional formalizó su salida de la paritaria nacional docente a través de un decreto que delega la negociación salarial en las provincias pero se guarda el poder de veto sobre cualquier acuerdo que exceda el techo que impone el programa económico. La medida fue oficializada este miércoles mediante el decreto 341/2025, que modifica un artículo clave de la Ley de Financiamiento Educativo (26.075), dejando al Estado nacional fuera del convenio marco que fija el salario mínimo y las condiciones laborales del sector.

Desde ahora, la responsabilidad recaerá exclusivamente sobre el Consejo Federal de Educación (CFE) y los sindicatos con representación nacional. El cambio no es menor: hasta el momento, las paritarias docentes se discutían de manera tripartita, entre las provincias, los gremios y el Ministerio de Educación nacional. Pero en la era de La Libertad Avanza, esa cartera fue degradada a Secretaría de Educación y, con este decreto, también se borra de la negociación.

Lo curioso es que el texto con el que el Ejecutivo justifica su retiro está cargado de referencias al "sistema federal de gobierno". El decreto asegura que, bajo esa lógica, “deviene innecesaria la participación del Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación en dicha negociación”. También sostiene que las provincias son las verdaderas empleadoras de los docentes y, por lo tanto, deben ser quienes discutan directamente con los gremios. Pero esa defensa del federalismo es parcial, ya que el Gobierno se reserva la última palabra.

El propio decreto, firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, aclara que la Secretaría de Educación podrá “refrendar el convenio” que firmen los ministros provinciales con los sindicatos, o bien “requerir que se realice una nueva propuesta” si considera que el aumento no es viable desde el punto de vista presupuestario. Es decir, si el porcentaje pactado supera las metas inflacionarias o el tope salarial que define Nación, el acuerdo puede ser objetado y devuelto.

“Se busca reducir la intervención estatal y maximizar la eficacia en la gestión pública”, remarca el decreto como justificación de fondo. La frase sintetiza el corazón de la lógica libertaria que viene desplegando el Gobierno: el Estado se retira de funciones históricas con la excusa de que son ineficientes, incluso si eso implica incumplir normativas anteriores o romper pactos institucionales como el que regía la paritaria nacional docente desde 2006.

En términos prácticos, la decisión implica eliminar la pauta salarial nacional, que funcionaba como una referencia clave para las negociaciones en cada jurisdicción. También afecta el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, mediante el cual el Estado nacional aportaba fondos para garantizar un piso mínimo a los maestros en provincias con bajos recursos. Ahora, ese programa quedará sujeto al humor de la Secretaría de Educación, que podrá vetar acuerdos si comprometen la meta de déficit cero o se alejan de los recortes que impulsa la Casa Rosada.

Esta no es la primera vez que el Gobierno de Milei intenta desentenderse del sistema educativo público: en paralelo, mantiene una fuerte disputa con las universidades nacionales por el financiamiento, lo que derivó en masivas marchas en defensa de la educación superior. El avance sobre la paritaria docente suma un nuevo capítulo en esa saga de ajuste y desarticulación del rol del Estado en áreas sensibles.

El Consejo Federal de Educación, que ahora queda como único interlocutor con los gremios docentes, está compuesto por los ministros de Educación de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Cada jurisdicción definirá su propia política salarial, aunque el Gobierno central podrá bajarle el pulgar si los aumentos acordados superan lo que Milei y su equipo consideran “tolerable” para las cuentas públicas.