En la semana en la que le devolvieron la causa, el juez federal Juan Pablo Auge procesó a Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, al ex titular del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco y a otras 35 personas por el espionaje ilegal llevado adelante desde la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. La decisión estaba pendiente desde diciembre del año pasado, cuando los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide le habían solicitado los procesamientos.

A Arribas y a Majdalani, el juez les fijó un embargo de ocho millones de pesos. Por otra parte, el secretario privado de Macri, Dario Nieto, quedó afuera de los procesamientos, ya que la Fiscalía había considerado en diciembre que no había elementos para procesarlo pero tampoco para sobreseerlo, por lo que sigue imputado en la investigación. Es por eso que se le dictó una falta de mérito, una especie de "limbo judicial" en el que quedan los involucrados en una causa hasta que se recolecten datos suficientes para definir su situación.

El procesamiento de Auge abarca las acciones del ya famoso grupo "Super Mario Bros", en el que se manejaban los espías de la AFI y donde coordinaban las acciones en contra de los distintos "objetivos": Cristina Fernández de Kirchner; Horacio Rodríguez Larreta; Martín Irurzun; Hugo y Pablo Moyano; Jorge Ferraresi; Salvatore Pica y su pareja, Florencia Macri. 

 

 

Además, la decisión de Augé implica también el espionaje penitenciario, donde quedan implicados Emiliano Blanco y su segundo, Cristian Suriano, además de quién quería quedar como titular del SPF si Blanco iba al Ministerio de Justicia, Fernando Carrá. Con respecto al ámbito carcelario, la hipótesis es que se organizó y dirigió un circuito de recolección y transmisión de información. Las "víctimas" de esas maniobras son personas del ámbito político que estaban detenidas: Amado Boudou, Julio De Vido, Ricardo Jaime, Cristóbal López, Lázaro Baez, entre otros.

Además de los espías y los integrantes del SPF, Auge avanzó sobre otro de los aspectos que habían señalado los fiscales: la responsabilidad del área de Jurídicos de la AFI, encabezada por Sebastian Distéfano, un hombre que respondía a Daniel Angelici. Los otros implicados son Bernardo Miguens, quién era Jefe del Departamento “Causas judiciales” y Mariano Ruda Bart, a cargo de la Dirección de Asistencia a Reunión sobre Crimen Organizado y Delitos Federales Complejos. 

A Miguens y a Distéfano también los marcaron como parte de la maniobra que intentó "lavar" la situación de espionaje en el Instituto Patria, a través de la inserción de documentos falsos para justificar la actuación de la AFI. A la encargada del área de documentación de Presidencia, Susana Martinengo, también la involucraron en algunas maniobras de espionaje por recibir informes redactados por los espías.

Con esta situación, queda resuelto un gran pendiente en la investigación, que hace una semana recibió de Casación la novedad de que debía pasar a Comodoro Py. Intervención de Cristina Fernández de Kirchner mediante (en su rol de querellante y víctima de espionaje), Casación puso todo en stand by hasta que defina si el conflicto escala o no a la Corte Suprema, como reclamó la actual vicepresidenta.