El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque decidió no presentarse este martes ante el Consejo de la Magistratura, que lo había citado en los términos del artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Acusación. En su lugar, el magistrado optó por defenderse mediante un extenso descargo escrito, que fue entregado a las 9:50 de la mañana por sus abogados, apenas minutos antes del horario previsto para la audiencia.

“Cada una de mis decisiones jurisdiccionales fue adoptada conforme a derecho, con sujeción a la normativa procesal y sustancial vigente, y dentro del marco de autonomía e independencia que la Constitución Nacional garantiza a los magistrados judiciales de la Nación”, escribió Bailaque en su defensa de más de veinte carillas. En ese texto negó todas las imputaciones en su contra, incluidas las que lo vinculan con el narcotraficante rosarino Esteban Alvarado. “Jamás he tenido trato alguno para favorecer a personas investigadas por narcotráfico”, enfatizó.

La Comisión de Acusación ya había aprobado un dictamen que enumera las pruebas reunidas contra el juez. En ese documento se menciona que “de no mediar la inmunidad de arresto que inviste al nombrado magistrado por su condición de tal, se hubiera hecho efectiva la medida de coerción ordenada contra el ciudadano Marcelo Martín Bailaque”, en referencia a la prisión preventiva dictada el 30 de abril y confirmada parcialmente el 19 de mayo.

El magistrado está imputado en tres causas penales. En una de ellas, se lo acusa de haber participado en el armado de un expediente contra dos financistas para cobrarles una coima. El caso estalló tras la confesión del ex titular de ARCA en Rosario, Carlos Vaudagna, quien relató que la maniobra comenzó con una supuesta investigación administrativa en la ex AFIP contra el agente bursátil Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. Según declaró, ambos terminaron pagando una coima de 160 mil dólares tras una reunión en la casa del propio juez Bailaque, en la que también participó el empresario Fernando Whpei (actualmente detenido) y, según el descargo del juez, también estuvo el magistrado Ariel Ariza, quien estaría dispuesto a declarar.

“Jamás he extorsionado yo de manera directa ni por medio de otro a cualquier persona, y en particular, no he extorsionado de ningún modo a Claudio Iglesias”, se defendió Bailaque en el escrito entregado al Consejo.

La segunda causa involucra al juez por presuntas dilaciones procesales a favor de Alvarado y su ex esposa, Rosa Natalí Capuano, en una causa que estuvo en su juzgado desde 2013. La sospecha principal es que habría demorado deliberadamente intervenciones telefónicas claves en la investigación, y que no se excusó de participar pese a su presunta cercanía con el contador Gabriel Mizzau, señalado como nexo entre Bailaque y el capo narco.

El tercer expediente apunta al manejo de fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Según la investigación, Bailaque autorizó transferencias hacia una mutual ligada al Grupo Unión, controlado por los hermanos Whpei, también implicados en otras maniobras financieras turbias.

El magistrado ya había presentado su renuncia la semana pasada, con fecha de efectividad el 1 de julio. Pero esa salida elegante todavía está en veremos: el Poder Ejecutivo (a través del Ministerio de Justicia) es el que tiene la última palabra. Si la renuncia no se acepta, el proceso disciplinario seguirá su curso hasta el Jury de Enjuiciamiento.

Mientras tanto, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura volverá a reunirse este jueves 19 de junio a las 10:30 horas, con la expectativa de firmar un nuevo dictamen que impulse el juicio político y la suspensión del magistrado. Para que eso ocurra, el plenario del Consejo deberá reunir los dos tercios de sus miembros.