Los jueces Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani rechazaron la excusación que Gustavo Hornos planteó para apartarse de la causa donde se investiga si existieron presiones sobre el Grupo Indalo durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Hornos -cuestionado por las visitas “sociales” a Macri durante su mandato- había puesto a consideración su apartamiento de la causa por “motivos graves de decoro o delicadeza”. En esta causa, el rol de Casación es revisar lo que haga en el expediente tanto la jueza María Romilda Servini como la Cámara Federal.

Los dos camaristas respaldaron la intervención de Hornos en la causa. “Las razones que el magistrado invoca en su informe no brindan sustento al apartamiento solicitado, pues no resultan suficientes para sostener que su intervención en autos pueda vulnerar la garantía de imparcialidad”, sostuvieron.

En esa línea, citaron fallos de la Corte Suprema donde se deja claro que no alcanzan las manifestaciones de “sospechas de parcialidad” como para apartar a un juez. “No se advierte la existencia de elementos objetivos que abonen un temor de parcialidad, ni la consecuente afectación de garantía constitucional alguna -imparcialidad del juzgador, derivada del debido proceso legal y la defensa en juicio”, remarcaron.

En esta causa, Macri tuvo un rol activo a través de su defensa al cuestionar un entrecruzamiento de llamados entre imputados que había ordenado la jueza Servini. 

Además, este es el expediente donde está prófugo Fabián ‘Pepin’ Rodriguez Simón, cuyo trámite de extradición desde Uruguay aún no fue definido. En mayo, debía ser indagado pero el parlamentario del Mercosur avisó que pediría alojamiento en Uruguay.

De acuerdo a la hipótesis inicial, en esta causa se investigan “actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación Mauricio Macri - o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”.