El camarista Leopoldo Bruglia, miembro de la sala primera de la Cámara Federal porteña, resultó sorteado para definir si la jueza María Eugenia Capuchetti debe continuar o no a cargo de la investigación por el intento de asesinato a Cristina Kirchner.

El magistrado deberá intervenir en el marco de la recusación presentada por los abogados de la querella de la exmandataria, quienes pretenden desplazar a la jueza porque le achacan el haber frenado la investigación tras la aparición de pistas vinculadas a la política.

La querella pretende exponer de forma oral sus argumentos para recusar a la jueza, por lo que Bruglia convocó a una audiencia para el próximo 23. 

La sala primera del tribunal de apelaciones, integrada también por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, también tiene para resolver un planteo de la querella en relación a la decisión de la jueza de negarse a secuestrar los teléfonos de dos asesoras del diputado nacional Gerardo Milman que fueron citadas como testigos en la causa y se contradijeron durante sus respectivas declaraciones.

Los camaristas fueron quienes ordenaron la liberación de los miembros de Revolución Federal investigados por los mensajes de odio y, tras la decisión, fueron cuestionados por el Presidente Alberto Fernández. 

“Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional”, sostuvo Fernández.

"Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación", lanzó el Presidente. 

El apoyo de los magistrados a Capuchetti

En simultáneo a la noticia de Bruglia y en la previa al acto de Cristina Kirchner, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un duro comunicado en contra de la vicepresidenta y en apoyo a Capuchetti, donde afirmaron: “Una vez más hay un intento de un miembro del Poder Ejecutivo de interferir en el trabajo del Poder Judicial”.

“Es improcedente la manera en que se muestra la disconformidad con las resoluciones jurisdiccionales que se adoptan. Existen mecanismos y herramientas procesales para dar a conocer el desacuerdo con el procedimiento conforme a un sistema republicano que se sustenta en el respeto a las Instituciones”, sostuvo la organización que preside Marcelo Gallo Tagle.

“Por ningún motivo se puede vulnerar el orden institucional de la independencia de poderes que está manifestada en nuestra Constitución Nacional”, enfatizaron.