El juez federal Marcelo Bailaque, que comandó durante años el juzgado N°4 de Rosario, quedó finalmente bajo prisión domiciliaria y con un pie en la jubilación anticipada. Este lunes, el presidente Javier Milei aceptó su renuncia a través del decreto 443/2025, publicado en el Boletín Oficial de hoy, cerrando así un proceso de remoción que se cocinaba en el Consejo de la Magistratura, pero que no llegó a concretarse porque el presidente le aceptó su pedido.

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El ahora exmagistrado comenzó a cumplir 90 días de arresto domiciliario tras una resolución del juez Eduardo Rodrígues Da Cruz, quien retomó la medida impuesta por la Cámara de Apelaciones (integrada por Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal) en mayo pasado. Según ese fallo, no había riesgo de fuga.

Mientras avanza la investigación penal en su contra, Bailaque tramita su jubilación bajo el régimen especial de Santa Cruz, que le permite acceder al retiro desde los 54 años. El juez ejerció en esa provincia entre 1994 y 2008, primero como defensor oficial y luego como juez de instrucción en Caleta Olivia.

Este martes por la mañana, los fiscales del caso presentaron un escrito en el que le piden a Rodrígues Da Cruz que convoque a una audiencia urgente para definir "cómo se controlará la detención domiciliaria hasta que llegue la tobillera electrónica, además del lugar exacto de cumplimiento y las reglas de conducta".

Por su parte, los abogados Claudio Puccinelli y Alejandro Parolo, que defienden a Bailaque, confirmaron en otro escrito que el exjuez "se encuentra en su domicilio, dispuesto a cumplir la prisión preventiva".

El “proyecto de decreto” que aceptó la renuncia tiene fecha del 25 de junio, pero su publicación oficial se dio recién este martes, después de las elecciones en Santa Fe, lo que despertó suspicacias en el ámbito político: algunos creen que la difusión de la noticia en ese momento podría haber afectado las chances electorales de los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia.

Con la firma y la aceptación de la renuncia por parte de Milei, el proceso disciplinario que ya contaba con un dictamen de más de 190 páginas elaborado por los consejeros Álvaro González y Alberto Maques, en el que se recomendaba la destitución del magistrado por tres causas distintas, termina por caerse. Si bien todavía no se había votado el inicio del juicio político, en el Consejo había consenso en avanzar en ese sentido.

Bailaque lo sabía: tras verse acorralado por la acumulación de denuncias y una prisión preventiva dictada el 30 de abril pasado, presentó una renuncia, que coincidió con el foco mediático puesto en la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. La renuncia le permite avanzar y conseguir su jubilación. En caso de que hubiera sido destituido, no tendría ese privilegio.

En Rosario, las causas contra Bailaque abren tres frentes explosivos: una por extorsión a un empresario junto al financista Fernando Whpei (bajo arresto domiciliario) y al exjefe de ARCA, Carlos Vaudagna; otra por connivencia con el narco Alvarado, con quien compartía contador; y una tercera por el manejo irregular de fondos de una cooperativa intervenida.

El caso más grotesco, revelado por Aire de Santa Fe, describe cómo Bailaque activó el aparato judicial contra el empresario Claudio Iglesias para exigirle un soborno de 200.000 dólares. Vaudagna, arrepentido, confesó que la causa fue inventada. Parte del dinero se entregó en el Museo de la Democracia, una ONG que manejaba Whpei en el exPalacio Fuentes.

Bailaque, además, mantuvo paralizada durante años la investigación contra Alvarado, que entre 2016 y 2019 logró expandir su estructura criminal, transportar cocaína desde Paraguay en avionetas y ordenar múltiples homicidios. 

El juez compartía contador y hasta el mismo círculo de confianza con el narco. Gabriel Mizzau, su amigo y profesional de confianza, era también contador de Alvarado. Su hijo fue incorporado al juzgado en 2017, cuando tramitaban causas de lavado contra el capo narco. Varias empresas, como Logística Santino y Sagrado Corazón, figuraban con su firma. “No tenía idea que Mizzau era contador de Alvarado”, dijo Bailaque cuando se le preguntó por esta coincidencia.

Durante su gestión, la justicia federal quedó siempre detrás del fuero provincial, incluso en causas emblemáticas como la de Los Monos, en la que el juzgado de Bailaque no aportó pruebas nuevas relevantes. El desfasaje entre ambas jurisdicciones fue clave para dejar crecer al crimen organizado en Rosario.