La implementación de los juicios por jurados volvió a la agenda del Congreso. Diputados de prácticamente todo el arco político “rompieron la grieta” y se unieron en un proyecto que apunta a dar cumplimiento al último párrafo del inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

El texto, que toma como antecedente una iniciativa anterior de la diputada María Gabriela Burgos, busca avanzar con el procedimiento en el ámbito de la administración de justicia federal, cuando se pida la aplicación de una pena de seis o más años de prisión, para cualquiera de los partícipes en un delito. 

La iniciativa fue presentada con la autoria compartida entre el radical Fernando Carbajal (Formosa), el oficialista Juan Manuel Pedrini (Chaco), el macrista Pablo Tonelli (CABA), el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodriguez, entre otros legisladores de todas las bancadas. 

El proyecto adopta las normas del Código Procesal Penal Federal, junto a otros estándares en cuanto a la introducción de prueba y rol del juez del tribunal de jurados, que son específicos de este tipo de juzgamiento.

Entre otras cuestiones se mantiene la competencia en materia criminal de jurados populares, su número de 12 miembros, el veredicto por unanimidad de sus miembros y la irrecurribilidad del decisorio, salvo para el imputado, según se desprende de la iniciativa.

Esta modalidad está prevista en la Constitución Nacional de 1853, pero solamente un puñado de provincias avanzó efectivamente con su implementación como, por ejemplo, Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, Chubut, Entre Ríos y Chaco.

En 2006 y cuando era senadora, la actual vicepresidenta Cristina Kirchner impulsó un proyecto para sustanciar los juicios por jurados en todo el territorio nacional. Pero la propuesta legislativa, al igual que otras similares, quedó en el camino y perdió estado parlamentario.