El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Esta vez, no por la responsabilidad médica de los imputados ni por las pruebas pendientes, sino por un escándalo que sacudió de lleno al Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Los jueces, tras un pedido de la fiscalía, ordenaron que el debate sea suspendido por siete días luego de que la jueza Julieta Mackintach quedara involucrada en una grave denuncia: habría autorizado la filmación de un documental sobre el proceso judicial sin que las partes estén al tanto.

El fiscal Patricio Ferrari había sido el encargado de presentar el pedido de suspensión. La solicitud se dio inmediatamente después de que Julio Rivas, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, volviera a insistir con la recusación de Mackintach por su supuesta vinculación con una productora audiovisual.

El eje del conflicto es la sospecha de que la jueza Mackintach habría autorizado, sin conocimiento ni consentimiento de las partes, la realización de un documental basado en el juicio, lo que abre la puerta a una discusión mucho más profunda sobre la imparcialidad del tribunal y los límites éticos del rol judicial. Si bien la jueza aún no fue desplazada, la continuidad del juicio en estas condiciones fue puesta en duda por casi todos los actores del proceso.

“Entiendo la zozobra de todos. Estoy convencida de mi parcialidad. Voy a dar las explicaciones del caso. Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados. En caso de que haya algo que esté en peligro, quizás sea yo la que me aparte”, sostuvo la magistrada.

El juicio investiga la responsabilidad penal de ocho profesionales de la salud —entre ellos Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov— por el presunto homicidio con dolo eventual de Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, en Tigre. Las audiencias habían comenzado el 4 de junio y se espera un proceso largo, con más de 200 testigos citados.