El largo camino internacional que Cristina Kirchner intentará recorrer para revertir su condena
Ya sin chances en el sistema judicial argentino, la defensa de Cristina Fernández apunta a organismos internacionales. Ya presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional y evalúa acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuales son los caminos que debe recorrer para revertir la inhabilitación y pelear la vuelta política en 2027.
La condena en la causa Vialidad quedó firme y con ella, también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recayó sobre Cristina Fernández de Kirchner. El último recurso disponible en la justicia local se agotó cuando la Corte Suprema emitió su fallo de 27 páginas. Con la cancha local cerrada, la estrategia ahora se juega afuera: la defensa de la expresidenta apuesta por la vía internacional para intentar revertir el fallo que consideran parte de un entramado de persecución política.
El primer paso lo dio esta semana Gregorio Dalbón, uno de los abogados más cercanos a CFK. En su nombre, presentó un escrito de 21 páginas ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya. Allí denunció una "persecución judicial, política y mediática" y mencionó posibles crímenes de lesa humanidad vinculados a protestas sociales y a la supuesta criminalización del liderazgo político de la expresidenta. “Lo que estamos denunciando no es una causa suelta, es un mecanismo para anular su capacidad de representación”, sostuvo el letrado.
La ofensiva judicial también incluye una inminente presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que podría intervenir si considera que en el proceso argentino se violaron garantías básicas como el derecho a la legítima defensa y el debido proceso. Solo después de eso podría intervenir la Corte Interamericana, un proceso que puede demorar años. Para ello, el equipo legal se ampara en el artículo 366, inciso F, del Código Procesal Penal Federal, que desde 2020 establece que cualquier recomendación emitida por un organismo internacional de derechos humanos es vinculante y habilita la revisión de una sentencia firme.
“Si hay una recomendación internacional, la causa debe volver a Casación. Ahí pediremos que se conforme un nuevo tribunal, con sorteo público”, explicó Dalbón. De concretarse ese escenario, se trataría de un nuevo fallo definitivo, aunque el proceso está lejos de resolverse en el corto plazo.
Los tiempos tampoco juegan a favor, pues no habría novedades hasta dentro de al menos un año, dado que el objetivo inmediato no es una sentencia, sino una recomendación de revisión, que puede operar como una medida cautelar.
No es la primera vez que América Latina presencia procesos judiciales de este tipo. El expresidente de Ecuador Rafael Correa, desde su exilio en Bélgica, compartió recientemente su experiencia: “Presenté mi caso en Naciones Unidas en 2018. Tuvimos que esperar siete u ocho años para que nos dieran la razón”. Y alertó: “Los sistemas judiciales en América Latina son capaces de cualquier cosa, roban derechos, libertad y democracia”. También Lula, referente del Partido de los Trabajadores de Brasil, fue apartado de la contienda electoral en 2018 por una condena que, tres años más tarde, fue anulada por la Corte Suprema brasileña por graves irregularidades.
La apuesta de la defensa de CFK podría girar en torno a que un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare que el juicio de Vialidad violó garantías fundamentales previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, esto no implicaría una absolución automática, sino que habilitaría un nuevo juicio en caso de que prospere un pedido de revisión de sentencia en el marco del artículo 366 ya mencionado.
Ese artículo prevé que una decisión de un órgano internacional puede habilitar la revisión de una condena firme. En caso de aceptarse, se sortearía un nuevo tribunal que debería dictar sentencia. Si ese nuevo fallo absuelve, la inhabilitación queda sin efecto.
Mientras tanto, la sentencia actual impone 6 años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, cuyo reloj empieza a correr una vez cumplida la condena. Esto significa que recién en 11 años Cristina Kirchner podría pedir su rehabilitación, según el artículo 20 ter del Código Penal. De todas formas, quedaría en manos de un juez la decisión de levantar esa inhabilitación, por lo que tampoco es autómatico.
Desde el plano político, el tablero permanece incierto. Mientras se abre este largo y sinuoso camino internacional, las discusiones sobre la vinculación o no de los fallos de la Corte IDH continúan vigentes. Si bien sus resoluciones no pueden anular fallos de la Corte Suprema argentina, la legislación local otorga fuerza legal a las decisiones de estos organismos para forzar una revisión. Lo que está claro es que no quedan más caminos judiciales internos. Todo se juega, a partir de ahora, en los despachos de La Haya y Washington.