El oficialismo avanza con la 'Ley Antimafia' mientras crecen las críticas por su alcance y efectividad
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para reforzar la lucha contra el crimen organizado avanza en el Congreso, pero desde algunos sectores advierten sobre riesgos y vacíos en la normativa.
El Gobierno nacional logró que la denominada "Ley Antimafia" avance en el Congreso tras su aprobación en la Cámara de Diputados y su posterior dictamen favorable en las comisiones del Senado. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, busca reformar el Código Penal para endurecer las penas contra el crimen organizado y dotar al Estado de nuevas herramientas para combatir delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero. Sin embargo, el proyecto ha generado un fuerte debate en el ámbito político y jurídico, donde se advierte sobre posibles vulneraciones a derechos constitucionales y omisiones clave en la lucha contra la criminalidad compleja.
En octubre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 137 votos a favor y 92 en contra, en una sesión marcada por intensos cruces entre el oficialismo y la oposición. Posteriormente, en noviembre, obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, allanando el camino para su tratamiento en el recinto.
El texto del proyecto propone una reforma integral del Código Penal, endureciendo penas para quienes integren organizaciones delictivas y estableciendo nuevas figuras penales para sancionar la participación en delitos complejos. Además, otorga mayor margen de acción a las fuerzas de seguridad y refuerza el sistema de colaboración con la Justicia en la persecución de estos delitos.
Desde el oficialismo, defienden la iniciativa como un avance necesario para enfrentar el crecimiento del crimen organizado en el país. "No podemos seguir con una legislación que permite que las bandas criminales se organicen y operen con impunidad. Esta ley nos da herramientas concretas para combatirlas", sostuvo Bullrich en su exposición ante el Congreso.
Sin embargo, el proyecto ha recibido múltiples cuestionamientos. Organismos de derechos humanos y especialistas en derecho penal advierten que la normativa podría vulnerar garantías constitucionales y generar arbitrariedades en su aplicación. Entre las principales críticas, se señala que la ley tiene un enfoque centrado en el concepto de "guerra de pandillas", dejando de lado un análisis más profundo sobre los mercados criminales y las estructuras económicas que sostienen estas actividades ilícitas.
Asimismo, se ha cuestionado que la iniciativa no aborda con suficiente claridad aspectos clave como el financiamiento ilícito de la política o la infiltración del crimen organizado en el Estado.
Por otro lado, sectores de la oposición han expresado su preocupación por la posible discrecionalidad en la aplicación de la ley y por la falta de controles claros sobre las nuevas facultades que se otorgarían a las fuerzas de seguridad. "No queremos que se repitan los errores del pasado, donde se aprobaron leyes de emergencia en seguridad que luego se usaron para perseguir a opositores o criminalizar la protesta social", advirtió Christian Castillo, diputado nacional por el PTS-FIT.
Pese a las críticas, el oficialismo confía en que la iniciativa sea aprobada en el Senado en las próximas semanas. En paralelo, organizaciones de la sociedad civil y expertos en seguridad continúan advirtiendo sobre la necesidad de incluir mayores controles y mecanismos de supervisión para evitar abusos y garantizar que la ley cumpla efectivamente su objetivo de combatir el crimen organizado sin comprometer derechos fundamentales.