El paro de colectivos del martes frenó por 24 horas el funcionamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero apenas fue un capítulo más en una pelea que está lejos de cerrarse. La discusión salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas sigue al rojo vivo, con una diferencia de casi $300.000 entre la oferta patronal y el pedido del sindicato. El escenario ahora está en manos del Gobierno nacional, que deberá definir si responde con más subsidios o si empuja un aumento de tarifas justo antes del calendario electoral.

Aunque este miércoles se restableció el servicio, la tensión con los choferes no afloja. El gremio reclama que el salario básico pase a $1.600.000, contra la oferta de $1.240.000 en mayo y junio, más dos bonos no remunerativos de $50.000. A partir de julio, la propuesta empresaria sube el básico a $1.310.000, pero la brecha todavía es significativa. Desde la UTA fueron claros: “Aceptábamos que se pague en 3 o 4 veces”, dijeron a modo de gesto de negociación. Pero la diferencia persiste y la amenaza de nuevas medidas sigue latente.

El conflicto también desnudó la interna dentro del gremio. Aunque el paro fue convocado formalmente por la conducción de Roberto Fernández, desde adentro deslizaron que hay una presión muy fuerte desde las bases. “El problema es que los choferes quieren parar, esto lo supera a Roberto”, explicaron desde la conducción a TN. Y eso complejiza cualquier negociación que no llegue con una respuesta concreta desde el Estado.

El que deberá tomar una decisión urgente es Luis Pierrini, el funcionario designado para reemplazar a Franco Mogetta en la Secretaría de Transporte. Aunque todavía no asumió, el futuro del conflicto pasa por su escritorio. La clave estará en la reestructuración del esquema de subsidios, que se actualizará en junio. Hoy, el boleto mínimo en el AMBA es de $371, congelado desde agosto de 2024, mientras que en el interior del país el promedio ya ronda los $1.100. La diferencia la cubre el Estado con transferencias millonarias.

Desde Transporte reconocen que en la previsión de costos a junio no se incluyeron actualizaciones salariales para los choferes, algo que fue duramente criticado por la UTA ya desde febrero. Esa omisión es la que ahora se busca corregir. Fuentes oficiales confirmaron que en junio se modificará el cálculo de costos para incorporar aumentos salariales, aunque todavía no está claro cómo se absorberá el impacto: si será vía más subsidios o con un ajuste tarifario.

Los números son fuertes. El costo real por pasajero del servicio en el AMBA es de $1.480 según un estudio de la UBA y el Conicet, o $1.019 según Transporte. El usuario paga solo $371. Esa diferencia se cubre con fondos estatales. Solo en el primer trimestre de 2025, el Gobierno destinó $220.000 millones al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, que financia las compensaciones del transporte automotor. Sumando también los subsidios al tren, los aportes estatales superaron los $400.000 millones en apenas tres meses.

La discusión, en el fondo, no es solo salarial. Es también política y económica. ¿Puede el Gobierno sostener este nivel de subsidios con el ajuste fiscal que impulsa? ¿Está dispuesto a arriesgar un aumento de tarifas en el AMBA en plena campaña? ¿Habrá margen para negociar con los choferes sin que estalle una nueva medida de fuerza? Las respuestas no están claras, pero lo que sí está definido es que en junio se cambiará la forma en que se calculan los costos del transporte, lo que abrirá un nuevo capítulo en una disputa que recién empieza.