Ocupar la Procuración General de la Nación es para muchas personas un orgullo y un objetivo en su vida profesional. El mal llamado “jefe/a de los fiscales” (ya que técnicamente no puede dar órdenes sobre causas puntuales ni intervenir en ellas) es de los puestos político-judiciales más relevantes, equiparado en su status a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Desde hace casi tres años, ese lugar está “vacante” ya que Eduardo Casal, actual procurador, está como interino en ese espacio. Uno de los objetivos del Gobierno consistía justamente en lograr el nombramiento de una persona de manera oficial: para eso requiere los dos tercios de los votos de los senadores en una sesión. Los famosos dos tercios, el tan nombrado y casi nunca conseguido consenso.

Esta semana, surgieron nuevamente los comentarios de un posible intento de desarticular los dos tercios para elegir al procurador. Ya en dos oportunidades, el juez Daniel Rafecas salió a aclarar que si eso sucedía, él retiraría su candidatura. Eso le abriría la puerta a, quizás, un candidato que se acerque más al gusto del sector K del Frente de Todos. Esta semana hubo un desfile de nombres, sin demasiado sustento y que fueron negados por los propios involucrados.

Más allá de las conjeturas, no es la primera vez que un Ejecutivo quiere renovar la ley del Ministerio Público para sacar el “molesto” requisito de los dos tercios. Hace tres años, un proyecto ingresó al Senado de la Nación. Llevaba las firmas del por entonces presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; del jefe del bloque radical, Ángel Rozas, y de los peronistas Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey. La clave en aquel momento era lograr que el procurador sea aprobado con una mayoría absoluta (algo más accesible de conseguir) y lograr una reducción en la duración del cargo, que ahora es vitalicio.

“El requisito de una mayoría agravada para la designación tiene como fin elegir a una persona que cuente con un amplio consenso, y que cumpla adecuadamente con los requisitos de idoneidad técnica y moral e independencia. Al disminuir la mayoría necesaria para su designación, el proyecto ya no requiere de la construcción de acuerdos amplios que garanticen la legitimidad de quien eventualmente ocupe el cargo”, decían en su momento una serie de organizaciones civiles. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Asociación Pensamiento Penal (APP); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); y la Fundación Poder Ciudadano firmaron un documento donde criticaron duramente esa propuesta de cambio. 

Ese proyecto finalmente naufragó, en medio de otros problemas que tuvo el gobierno de Macri. No pudo imponer ni esa idea ni tampoco a su candidata a la Procuración, la jueza Inés Weinberg, integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Las internas dentro de Cambiemos, sumado al no interés del peronismo en esa candidata terminó de clausurar la idea.

Sin embargo, la eliminación de los dos tercios pareciera ser el camino que cierto sector del kirchnerismo quiere llevar adelante, a pesar de los comentarios que tuvieron en su momento sobre la idea del macrismo. Esta semana, el senado Oscar Parrilli adelantó que debatirían cambios sobre el Ministerio Público Fiscal pero que “esperarían” a las sugerencias que está armando la Comisión de Asesores que creó Alberto Fernández.

La mayoría de los miembros de la Comisión observó con desagrado los movimientos en el Senado sobre el tema Ministerio Público Fiscal. Más que nada, consideran que se hace a las apuradas y con el objetivo de conseguir el desplazamiento del procurador interino, algo que consideran totalmente inapropiado. La que parece haber leído la jugada antes que muchos fue Elisa Carrió, que esta semana salió a “bancar” a Rafecas. Su comentario parece haber tenido cierta aprobación en el sector moderado de la oposición, lo que podría darle a Alberto Fernández la posibilidad de sacar del freezer el pliego del juez federal y lograr su aprobación.