La discusión por las retenciones al agro se volvió a caldear el ambiente político y económico entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales, especialmente los de la Región Centro, donde la producción agropecuaria no solo sostiene buena parte del PBI, sino que también representa un electorado clave. 

El presidente Javier Milei decidió presionar al sector para que acelerara las liquidaciones y, al mismo tiempo, deslizó que las retenciones podrían subir en julio, una vez finalizada la baja temporal. Esa jugada, más que empujar divisas, en subió alarmas políticas.

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes ya habían plantado bandera cuando el ministro Luis Caputo intentó subir los DEX en la primera versión de la Ley Bases, salieron otra vez a marcar límites. El resultado de aquella ronda fue favorable a las provincias: el oficialismo tuvo que retroceder. Pero ahora la disputa se reabre en otro contexto, con una hoja de ruta fiscal más agresiva y con el FMI mirando de cerca.

Mientras tanto, los productores agropecuarios salieron al cruce del Presidente. “El campo invierte cada año más de 20.000 millones de dólares, mucho más que el crédito del Fondo”, le recordaron a Milei, en una respuesta cargada de ironía y cifras. Pese al clima adverso, el sector ya se liquidó un 34% más que en el mismo período del año pasado. Lejos de aplacarse, la tensión escala en paralelo a los reclamos de infraestructura y previsibilidad.

El malestar llegó al Congreso, donde los diputados Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, cercanos al schiarettismo, presentaron un proyecto de ley para impedir cualquier suba de retenciones en julio. Ambos legisladores cuentan con el aval explícito de Llaryora. La iniciativa suma presión interna dentro de la oposición aliada del oficialismo, especialmente en bloques como el PRO y la UCR, que todavía se debaten entre acompañar los ajustes o sostener sus bases electorales provinciales.

En el medio, los gobernadores intentan sostener lo logrado en 2024: un superávit primario provincial del 0,1% del PBI, tras haber cerrado 2023 con un rojo del 0,3%. El esfuerzo fue grande. Según el informe del IARAF, los ingresos de las provincias cayeron en términos reales un 12,7% y el gasto público bajó un 14,8%. Solo Buenos Aires, Catamarca y Chaco mantuvieron déficit primario, aunque otras tres —Tierra del Fuego, Río Negro y Entre Ríos— también cerraron con números en rojo en el resultado fiscal global.

Los mandatarios sienten que los márgenes de ajuste se achicaron al máximo. Necesitan reactivar la obra pública y volver a contar con algún grado de asistencia nacional, algo que se vuelve más incierto con la nueva meta fiscal del 1,6% del PBI impuesta por el Gobierno. Mientras tanto, algunos acuerdos parlamentarios se siguen cobrando en cuotas: recién esta semana Economía lanzó la licitación para terminar el Segundo Acueducto del Interior en Chaco, una obra que llevaba un año trabada.

Por otro lado, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se plantean objetivos como eliminar impuestos distorsivos, por ejemplo Ingresos Brutos, y reformar el sistema de coparticipación federal  Sin embargo, estos puntos no tienen plazos concretos y, por ahora, solo figuran como enunciados. En diciembre, según el cronograma, el Ejecutivo deberá presentar una “propuesta” al Fondo para simplificar el esquema tributario, pero eso tampoco implica reformas inmediatas.

La apuesta libertaria es impulsar una “competencia fiscal” entre provincias, fijando un piso mínimo nacional para los impuestos que luego cada distrito pueda modificar. En teoría, esto dinamizaría las economías locales. En la práctica, podría romper el esquema constitucional de coparticipación, ya que se saltearía la necesidad de que las legislaturas provinciales refrenden los cambios. La idea ya genera cortocircuitos, incluso entre aliados.

El último párrafo del informe del IARAF detalla que las provincias lograron reducir su déficit con una fuerte caída del gasto en infraestructura, lo que explica buena parte del superávit. Pero también pone de relieve una alerta: sin inversión pública y con presión sobre los sectores que generan divisas, el equilibrio fiscal podría ser efímero. Y el margen de acción política, cada vez más acotado.