Tras varias idas y vueltas, finalmente la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura citó a los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi para que den explicaciones sobre una serie de fallos que dictaron donde, entre otras cuestiones, desconocen la normativa con respecto a las interrupciones de embarazos y las cuestiones de género.

En 2020, los dos integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº8 condenaron a un hombre por abusar de su hermana por parte de madre. Sin embargo, en un apartado especial, ambos pidieron que investigue a médicos por haberle realizado un aborto legal a la víctima. Sostuvieron en ese fallo que el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación era “un manual de salvajadas inhumanas”. “La niña fue llevada a un hospital público para que estos médicos mataran a su hijo. Un niño sano, sin ninguna patología conocida, cuyo único pecado ha sido ser el fruto de un crimen deleznable (aunque un crimen absolutamente ajeno a él)”, agregaron. 

En esa misma resolución, trataron de “sicarios y asesinos a sueldo” a los médicos y consideraron que “el mundo moderno, la ideología dominante y los poderosos de la tierra promueven el homicidio prenatal como un modo de reconocer el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo”. Por dicha esa, ambos juristas fueron denunciados ante el Consejo por un grupo de abogados y por la mismísima Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez, que pidió su destitución y aseguró que los magistrados "desconocieron el derecho vigente y, en segundo término, que fundaron su decisión en los mandatos de su cosmovisión personal, lo cual vulnera derechos y garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos”.

Luego fueron acumulándose más expedientes. En mayo de este año, Data Clave reveló los dos magistrados se negaron a calificar como femicidio el asesinato de una mujer y hasta llegaron a comparar la aplicación de perspectiva de género con “el régimen soviético”. "El hombre de a pie sabe que está mal amenazar, lesionar y/o matar a cualquiera y, más todavía, a una mujer. Lo sabe porque sus padres le enseñaron que es de cobarde pegarle -y mucho más matar- a una mujer. Y sus padres lo sabían, porque a su vez habían recibido esa enseñanza de sus mayores, y así siguiendo. Pero el hombre de a pie poco conoce de la retórica vana de los ideólogos, de relaciones desiguales de poder, ni de sociedades patriarcales”, lanzó el juez Anzoátegui, en un voto al que adhirió Rizzi.

La discusión en el Consejo

“Mal desempeño, desconocimiento del derecho, arrogarse competencias que no son de la Magistratura; hacer uso religioso por encima de la normativa; el desconocimiento y violación sobre las normas de los Derechos del Niño y la convención de toda forma de eliminación de violencia”, son algunos de las acusaciones que esgrimió la consejera y diputada nacional Vanesa Siley en el plenario de la comisión ayer.

“Respecto de las leyes tendientes a la eliminación de la violencia contra las mujeres por razón de género, la realidad jurídica objetiva de nuestro país es que las leyes que tienen este objeto son expresiones de cumplimiento de parte del Estado y de sus obligaciones jurídicas internacionales. Es decir los jueces y juezas siendo parte del Estado argentino tienen la obligación de cumplirlo y no es una opción, no es deliberativo, es la obligación del Estado argentino cumplir en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres”, explicó. 

La decana de la facultad de Derecho de Lomas de Zamora María Fernanda Vázquez adhirió a los planteos de Siley al respecto de la importancia de finalmente avanzar en la citación de ambos. El expediente tuvo sus idas y vueltas en el Consejo, con varias postergaciones. “Hablamos de incluir la perspectiva de género y de normativa internacional en las entrevistas pero después estas normativas no son aplicadas por los magistrados. No quiero adelantar mi opinión pero merecen el rechazo y la vergüenza por las expresiones contra las mujeres en particular y diversos colectivos”, consideró y aseguró que “no era admisible” otra postergación.

Quién reclamaba justamente posponer la cuestión para “estudiar mejor” el caso debido a la “sensibilidad” que tiene fue la consejera y abogada Jimena de la Torre. “¿No es práctica habitual que si un consejero pide postergación se acepte?”, se preguntó.

Entre Silley y el representante del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz se opusieron a la idea. ”Está corriendo el plazo, se está venciendo esto y como bien dijeron las consejeras pre opinantes hay que dar las discusiones ante la sociedad y dejar en claro que opinamos y qué consecuencias tienen lo que han hecho estos magistrados”, marcó el consejero.

Tras varios minutos de discusión, finalmente De la Torre desistió de su reclamo. Al momento de votar, Silley, Vázquez, Ustarroz, la diputada Roxana Reyes y el senador Martín Doñate votaron porque se los convoque a dar explicaciones. La única que se abstuvo de votar es la abogada De la Torre.

La convocatoria a declarar es para el martes 27 a las 9 de la mañana y se encuadra bajo el artículo 20 del Reglamento de la Comisión. Allí se establece en qué términos serán llamados los magistrados denunciados, una especie de “indagatoria” dentro de este proceso. “La misma deberá contener una sintética relación de los hechos imputados, la calificación provisional de su conducta como falta disciplinaria o causal de remoción, y la exposición de las pruebas obrantes en el expediente que serán puestas a disposición del magistrado”, establece el reglamento.