Luego de la épica victoria de la Selección ante Países Bajos que le permitió conseguir el tan ansiado pase a semis en el Mundial Qatar 2022, un estudio abre una polémica interrogante: “¿qué sucedería si en lugar de goles los partidos estuvieran definidos por el nivel de corrupción de cada país?”

El director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, Marcelo Bermolén, elaboró un Mundial basado en la posición de las naciones en el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y con el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, el 9 de diciembre.

En el mundial de la transparencia ganaría el país menos corrupto. En este sentido, los tres primeros lugares de la Copa Anticorrupción son ocupados por naciones europeas: Dinamarca, Suiza y Países Bajos que ocupan, respectivamente, el lugar N°1, N°7 y N°8 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 elaborado por Transparencia Internacional. 

“Dinamarca sería la selección estelar de su grupo, que transita sin alteraciones su nivel anterior del IPC 2020 y lidera el ranking de Transparencia Internacional junto a Finlandia y Nueva Zelanda (dos naciones que hoy no juegan al fútbol, pero sí de destacan en la lucha contra la corrupción)”, considera el profesor de la Escuela de Gobierno. 

En plena euforia de Argentina en Qatar, ¿qué pasaría en el Mundial de la Anticorrupción?

¿Y Argentina? Según el índice elaborado por la Universidad Austral, los cruces entre los países del grupo C no le permitirían pasar de la primera ronda. En el mundial anticorrupción quedaría eliminada en la primera ronda (posición 96). El decaído Polonia (puesto 42) y la ascendente Arabia Saudita (52) dominan la clasificación, mientras que un México -sin victorias- cierra el grupo (124). 

“El vínculo entre el deporte del balompié y el poder político tiene antecedentes a lo largo de buen parte del mundo y Latinoamérica. La grieta, la violencia, el fanatismo, la opacidad y los negocios son características que confluyen y se asocian, entre el poder, la política y el fútbol”, señaló Bermolén. 

Y remarcó: “en momentos en que buena parte de la clase política aspira a que la sociedad esté distraída por un tiempo de los problemas vernáculos con el fervor mundialista, parece bueno regresar al mundial y jugar y juzgar cuáles de los países tienen buenas selecciones de fútbol, pero también buenas estrategias a la hora de combatir la corrupción. Algo así como el fair play en materia de lucha contra los sobornos y la pelota más limpia”.

En el caso de Argentina, el informe subraya que, muchos dirigentes argentinos (políticos, empresarios, operadores, periodistas y sindicalistas) están -o han estado- involucrados en la conducción de grandes y medianos clubes del fútbol, “al punto que algunos de ellos han nutrido sus gestiones en la Administración del país de exfuncionarios surgidos de sus mandatos deportivos. Bastarían algunos nombres para mostrar y recordar que en el país la fórmula de negocios en el fútbol, poder y política, maridan muy bien”. 

Y añade: “Una relación que se potenció con los años, y en la que cuesta distinguir la politización del fútbol de la ‘futbolización’ de la política. Tal vez porque fútbol y política tienen en común haberse vuelto un espectáculo de masas, construido rivalidades cercanas al fanatismo, y buscar popularidad instalando y promocionando falsas grietas”. 

De los ocho países americanos en competencia, Estados Unidos, México y Brasil mostraron estancamiento en sus puntuaciones. Argentina, Ecuador y Canadá retrocedieron en el score, mientras apenas dos mejoraron su nota (Uruguay y Costa Rica). “Los resultados reafirman que en materia de lucha contra la corrupción América es un continente en crisis”, indica Bermolén. 

“Así como el fútbol requiere del fair play dentro de la cancha y que la pelota no se manche fuera de ella, es imprescindible que en el concierto de las naciones, gobiernos y sociedades asuman el compromiso ineludible de que el poder es un medio y no un fin; que la transparencia, la ética pública y la rendición de cuentas son un deber, y que la lucha contra la corrupción no admite la impunidad -cualquiera sea el lado que la sostenga-. Instituciones y funcionarios limpios sin sombras ni sospechas”, concluye el académico de la Universidad Austral.