Enamorada del sistema israelí, Amalia Granata oficializó el proyecto para instalar un servicio cívico obligatorio
La legisladora presentó una propuesta destinada a jóvenes de entre 18 y 20 años que “no acrediten" estudios o trabajo. El texto busca "prevenir el consumo de estupefacientes", entre otras cuestiones. También impone multas y pérdidas de asignaciones económicas en caso de no asistir.
Tal como lo había anunciado, la legisladora Amalia Granata presentó ante la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto de ley para la creación del "servicio cívico obligatorio", destinado a jóvenes residentes y domiciliados en la provincia.
La legisladora santafesina reabrió el debate por la vuelta de la “colimba”. La idea, según expresó, surgió tras regresar de un viaje por Israel, donde todos los hombres y mujeres deben incorporarse al servicio militar obligatorio al cumplir su mayoría de edad.
El texto, que ingresó este jueves, fundamenta la necesidad de formar a los jóvenes, como también fomentar la cohesión social y prevenir el consumo de estupefacientes. Incluye a aquellos adolescentes de entre 18 y 20 años que “no acrediten estar cursando estudios superiores, universitarios, terciarios o trabajo que procure sustento propio". También podrán participar de "forma voluntaria" los jóvenes entre los 20 y 21 años.
Según la iniciativa, los ingresantes permanecerán como interno en las instalaciones de lunes a viernes, con salidas durante el fin de semana; mientras que la autoridad de aplicación "debe regular las salidas y autorizaciones permitidas para festividades y acontecimientos personales". El Estado provincial deberá también "proveer al interno alimentación, vestimenta, elementos de higiene y estudio".
El servicio cívico, en caso de aprobarse, duraría 12 meses de corridos, pero cesará si acredita relación laboral o inicio de estudios. Asimismo, el texto impone sanciones por incumplimiento que van desde una multa, imposibilidad de acceso a cargos electivos, prohibición de presentación a concursos en cargos públicos hasta la pérdida de beneficios fiscales o asignaciones económicas provinciales.