Como ocurre cada miércoles, un grupo de jubilados marchará por la tarde frente al Congreso de la Nación, esta vez con el apoyo de la CGT, sindicatos y organizaciones sociales, en la previa del paro general. Mientras tanto, el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires coincidieron en la responsabilidad del protocolo, tras el fallo del juez Roberto Gallardo que exigía al distrito porteño hacerse cargo.

Luego de varias semanas seguidas de represión y la activación del protocolo anti-piquetes dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación, los jubilados contarán con el apoyo de un grupo grande de organizaciones sindicales y sociales. Entre ellas, la CGT decidió la semana pasada extender el paro general a 36 horas, para comenzar al mediodía de este miércoles y plegarse a la manifestación frente al Parlamento desde las 17.

A horas de comenzar la medida de fuerza nacional, el cosecretario general de la central sindical, Octavio Argüello, confirmó el respaldo político hacia las personas que cobran la jubilación mínima y todos aquellos pensionados. “Vamos a marchar igual, aunque haya protocolo anti-piquetes”, anunció el dirigente de Camionero, coincidiendo con su par Héctor Daer.

“La ministra de Seguridad no puede actuar en el ámbito de la Capital Federal, no está habilitada para poner todas las fuerzas represivas que acostumbra a poner, porque en la Capital hay una fuerza para actuar”, sostuvo Argüello en referencia al protocolo de seguridad y agregó: “Ya sabemos quién es Patricia Bullrich. Tiene una larga historia. Me pregunto cómo puede seguir estando en un cargo, hace 40 años que vive del Estado”.

Además de la CGT, estarán presentes en la marcha las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Frente de Lucha Piquetero, entre otras organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos. Además, la Asociación Trabajadores del Estados (ATE) encabeza un paro por 36 horas hasta el mediodía del jueves y también se plegarán a la manifestación.

Disputas por el operativo de seguridad

En medio de denuncias e investigaciones por la represión en las marchas de jubilados, esta semana el juez Roberto Gallardo ordenó al gobierno porteño hacerse cargo del operativo de este miércoles, quitando a las fuerzas federales del medio. El magistrado le exigió al Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, que se abstenga de intervenir en la protesta "más allá de los límites de protección de intereses federales". Gallardo tomó esta decisión tras un pedido de una medida cautelar presentado por organizaciones sociales. 

En este marco, la cartera de seguridad y la gestión de Jorge Macri coincidieron en que el distrito porteño no debe intervenir en este caso. Desde Nación denunciaron al juez Gallardo ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

“Este modo de actuar, interviniendo, forzando la jurisdicción y la competencia, es lo que en la doctrina se conoce como ‘forum shopping’, y habilita la presente denuncia ante la verosímil comisión de la causal de Mal Desempeño prevista en la Constitución de la Ciudad”, afirmó Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, que firmó la denuncia.

Sumado a esto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo del juez señalando que fue resuelta sin la intervención previa de la gestión porteña ni se garantizó el derecho de defensa.

“Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado”, señaló el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Además, afirmó que en materia de seguridad debe analizarse “cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación” y dijo que “lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”.

Sobre el cierre de la jornada del martes, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires decidió rechazar in limine el amparo que había sido presentado por la CGT, UTEP y otras organizaciones sociales y contemplado por Gallardo y habilitar la participación de las fuerzas federales en el dispositivo represivo de esta tarde.