El piquetero Eduardo Belliboni fue enviado a juicio oral acusado de extorsionar a “miles de personas” que debían percibir fondos correspondientes al plan social Potenciar Trabajo. La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello cerró la investigación, tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

“Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión” son los delitos que le endilgaron a Belliboni y a otras 16 personas.

El fiscal que realizó la investigación sostuvo que la maniobra comenzaba con ofrecer la incorporación al plan Potenciar Trabajo, otorgado en aquel entonces por el exMinisterio de Desarrollo Social, a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, bajo la amenaza expresa de dar de baja el subsidio si no lo hacían.

En el pedido de elevación a juicio, la fiscalía concluyó que existió un acuerdo de voluntades entre diversos referentes del Polo Obrero, con una división de roles y alcance nacional, la que fue sostenida al menos desde junio de 2020 hasta marzo de 2024

Allí detalló un “esquema extorsivo-coactivo”, en donde se obligaba a los beneficiarios de los planes sociales a “entregar una porción del Salario Social Complementario que recibían como ayuda estatal y además se los forzaba coactivamente a participar y contribuir en actividades políticas de la organización.

Las personas que eran extorsionadas por los acusados eran "clasificadas" por los dirigentes sociales. Una de las categorías era la de "beneficiarios especiales", que percibían hasta el doble de la prestación social.