La comisión investigadora sobre el caso $LIBRA volvió a moverse en la Cámara de Diputados tras semanas de parálisis. Aunque el cuerpo legislativo todavía no consiguió designar autoridades, la oposición logró forzar dos nuevas reuniones antes de fin de junio. El intento de reactivación coincidió con una inesperada propuesta del empresario Hayden Davis, quien ofreció a la justicia argentina transferir US$ 100 millones como forma de “reparación”. La jugada, sin embargo, quedó trabada por las múltiples causas abiertas en Nueva York y por la falta de avances concretos en los tribunales locales.

Mientras se debatía el aumento a las jubilaciones en el recinto, los pasillos del Congreso eran otro campo de batalla. Martín Menem, presidente de la Cámara baja, intentó evitar que se volviera a poner sobre la mesa la creación de la comisión que investiga el escándalo financiero vinculado al criptoactivo lanzado con apoyo del Gobierno. Pero la presión opositora surtió efecto. Cedió terreno y permitió que el debate se reanude con condiciones: habrá dos reuniones y cada bloque podrá enviar invitaciones, no citaciones, para convocar a expositores.

El encargado de firmar esas invitaciones será Adrián Pagán, secretario parlamentario. La oposición plantea dos enfoques distintos: uno, más político, que busca visibilizar la incomodidad oficialista y apunta directamente a Karina Milei, Luis Caputo, Manuel Adorni y Mariano Cúneo Libarona. El otro, más técnico, pretende avanzar con testimonios de especialistas en criptomonedas, informáticos y periodistas que sigan la pista de lo que ocurrió con los fondos tras el fallido lanzamiento de la moneda digital.

El relanzamiento a medias de la comisión llega en un momento clave. Hayden Mark Davis, el joven empresario estadounidense de 28 años que ideó $LIBRA, ofreció devolver US$ 100 millones a la Justicia local. La transferencia, que sería destinada a una cuenta judicial, tenía una cláusula llamativa: si era sobreseído, Davis pretendía cobrar una comisión por sus servicios. La propuesta no prosperó. La Justicia argentina, a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, todavía evalúa si es viable aceptarla en medio de un escenario plagado de denuncias por fraude, manipulación de mercado e insider trading.

El colapso de $LIBRA ocurrió pocas horas después de su lanzamiento el pasado 15 de febrero, cuando una serie de movimientos bursátiles dejaron en evidencia que el 80% de las monedas estaban en manos del entorno de Davis, según el informe de Bubblemaps. Esas cuentas liquidaron activos casi inmediatamente, generando ganancias por 90 millones de dólares, mientras miles de inversores perdían sus ahorros. La única devolución conocida hasta ahora fue de 5 millones, girados al influencer Dave Portnoy, quien difundió públicamente la transacción.

Desde Estados Unidos, Davis dio algunas entrevistas intentando despegarse del escándalo. En una charla con el youtuber Coffeezila, afirmó: “No es una estafa, es un plan que salió miserablemente mal”. Pero la falta de un domicilio legal y los reiterados intentos fallidos de notificación judicial alimentan la sospecha de que busca ganar tiempo. Las causas abiertas en Madrid y Nueva York, sumadas al congelamiento de 55 millones de dólares, complican aún más cualquier acuerdo extrajudicial.

El malestar opositor se hizo sentir también hacia adentro del Congreso. Legisladores de Democracia y la Coalición Cívica querían ir más allá y obligar al oficialismo a definir la conducción de la comisión en el recinto. “Fue una cuestión de actitud”, reprochó uno de ellos, molesto por las maniobras reglamentarias con las que Menem logró frenar una resolución más contundente. Ante la posibilidad de que fracase otra vez la elección de autoridades, la oposición diseña una estrategia alternativa, pensada como un “camino largo” para eludir el bloqueo libertario.

El caso ya provocó pronunciamientos de organizaciones como INECIP y CIPCE, que exigen avanzar sobre el rol de funcionarios públicos y posibles delitos asociados. Las demandas colectivas, la concentración de activos digitales, las fotos de Davis con Javier Milei en enero y el silencio del Ejecutivo suman presión sobre una causa que, a casi cuatro meses de estallar, sigue sin respuestas claras y con millones de dólares dando vueltas entre billeteras virtuales y expedientes judiciales.

Este martes, desde las 16 horas, se enviarán las primeras invitaciones para expositores y se intentará, otra vez, elegir autoridades en la comisión. La oposición apuesta a romper el empate actual de fuerzas, mientras prepara audiencias con técnicos y figuras clave del oficialismo. La causa sigue abierta y el Congreso, aunque a los tumbos, intenta no dejarla morir.