Escándalo en Chubut con la exministra condenada por fraude y empleados ficticios
Recibió una pena de tres años en suspenso e inhabilitación perpetua la exfuncionaria Cecilia Torres Otarola, quien fue responsable del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia. Otros cuatro implicados también recibieron condenas.
Cecilia Torres Otarola, quien integró el gabinete del gobernador Mariano Arcioni, fue sentenciada a tres años de prisión en suspenso por fraude a la administración pública y exacciones ilegales (concusión). Además, quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. La condena, dictada por los jueces Marcela Pérez Bogado, José Luis Ennis y Carlos Richeri, incluyó a otros funcionarios involucrados en una red de empleados fantasmas que cobraban sueldos sin realizar tareas.
El fiscal del caso, Omar Rodríguez, había solicitado inicialmente una pena de tres años y seis meses de prisión para la exministra, pero el tribunal impuso un castigo menor. A pesar de esto, Torres Otarola deberá apegarse a reglas de conducta y cubrir las costas del juicio.
La trama de corrupción incluyó nombramientos fraudulentos en el Ministerio de Desarrollo Humano y en la Legislatura provincial. En total, se comprobaron cuatro delitos relacionados con la designación de empleados públicos que no cumplían funciones. Además, cuando Torres Otarola era diputada, exigió a tres asesores legislativos que le devolvieran la mitad de sus sueldos, práctica que también resultó condenada.
Entre los implicados, se encuentran Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solaria Rodera y Miguel Retro Trelles, quienes recibieron penas de dos años de prisión en suspenso y también fueron inhabilitados de por vida para ocupar cargos públicos. Por otro lado, los jueces absolvieron a Branco Rodera Niera y Jaquelina Rodera al no hallar pruebas contundentes en su contra.
Este caso marca un precedente en Chubut, ya que es la primera vez que una causa por empleados estatales que cobraban sin trabajar termina en condenas firmes. Además, pone en evidencia las irregularidades en la gestión de fondos públicos en una provincia que enfrenta serias dificultades económicas y sociales.
El escándalo estalló en junio de 2020, cuando Torres Otarola fue separada de su cargo tras una denuncia pública que reveló la trama de corrupción. Desde entonces, la investigación avanzó hasta el fallo actual, que podría sentar las bases para futuros procesos contra prácticas similares en el sector público.