Al filo de la feria judicial, tanto la Cámara Federal como la Cámara de Casación Federal tomaron algunas decisiones que permiten inferir que Comodoro Py intentará quedarse con todas las causas que se relacionen con Gustavo Arribas y el espionaje ilegal.

La situación se juega en dos expedientes (y sus desprendimientos): por un lado lo que sucede en Lomas de Zamora y por el otro, lo que pasa en el juzgado federal de Dolores. Justamente sobre esto último se trató el fallo del juez Martín Irurzun. Arribas había solicitado a través de sus abogados que la causa por las bases AMBA deje de estar en las manos de Alejo Ramos Padilla y pase a Comodoro Py.

Cabe recordar que el juez federal lo procesó hace pocos días justamente por la realización de tareas de inteligencia prohibidas a partir del establecimiento de nueve bases en Ezeiza, Haedo, La Matanza, San Martín, Pilar, Quilmes, Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata.

El juez Irurzun decidió darle la razón a Arribas: marcó que la imputación que le hizo Ramos Padilla fue por emitir una directiva general por su rol como máxima autoridad de la AFI. “Se ciñe a la emisión de directivas de carácter general (no de órdenes particulares para concretas operaciones) y de recepción de informes -también generales- desde lugares diseminados en distintas jurisdicciones. El único patrón común, en ese contexto, son conductas concretadas desde esta ciudad”, marcó el juez.

Bajo ese argumento, consideró que la causa debe tramitarse en la Ciudad (o sea, en Comodoro Py) y le planteó a Ramos Padilla que debe inhibirse “exclusivamente con relación a los hechos (relativos a la emisión de órdenes de carácter general y recepción de información, ambas en supuesta violación de la ley 25520) por los que se imputó en el expediente no 8580/19 al peticionante, remitiendo a esta sede las partes pertinentes del legajo que permitan continuar aquí con la instrucción de esos acontecimientos”. 

O sea, a lo que se relaciona con Arribas, aunque tranquilamente Majdalani podría pedir lo mismo. “A esta altura de cosas, ello no implica ninguna afectación al curso de las instrucciones que seguirán en una y otra judicatura, sino todo lo contrario. Nótese que ya se superó la etapa inicial de colección de pruebas, que se ha incluso dictado el procesamiento del imputado y que los cargos contra él difieren en esencia de los que han fundado la responsabilidad de otros implicados”, sostuvo.

Lo más probable es que el juez de Dolores rechace esa inhibición, por lo que la última palabra la tendrá la Cámara de Casación. Justamente en ese lugar se tomó también una decisión con respecto a la principal causa de espionaje ilegal: la de Lomas de Zamora.

Desde hacía varias semanas, dos salas de Casación venían disputándose quién iba a intervenir en la causa, que ya tiene múltiples desprendimientos y reclamos. Todos los imputados políticos (Arribas, Majdalani, Darío Nieto) pidieron en algún momento que la causa se vaya derecho para Py. 

Ese es uno de los planteos principales que deberá resolver la Casación. ¿Qué sala? Bueno, esa disputa terminó al mismo tiempo que el año judicial: será la sala IV, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. ¿Por qué? A pesar de que la presidenta de la sala I, Ana María Figueroa, había reclamado que le correspondía a ese lugar intervenir, sus dos colegas consideraron que no.

“Toda vez que la Sala IV ha avanzado en la sustanciación del asunto llevado a su conocimiento, que está íntimamente ligado al que se plantea en el presente incidente, y ha adoptado un temperamento jurisdiccional al respecto, corresponde no mantener la competencia reclamada oportunamente”, sostuvieron los magistrados Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, ante una petición también de Arribas.

Mientras todo esto sucedía en Py, en Lomas de Zamora la Unidad de Información Financiera reclamaba el procesamiento de Darío Nieto, que quedó afuera de la solicitud fiscal. Para la UIF ya se reunieron pruebas suficientes contra el secretario privado. “Nieto recibía el resultado de las tareas ilegales de su subordinada Martinengo y presumiblemente se las entregaba al entonces Presidente Mauricio Macri, quien por lógica sería beneficiario de los informes de inteligencia, en atención al objeto y contenido de los mismos”, afirmó.

El juez federal Juan Pablo Augé tiene pendiente, justamente, la decisión sobre qué hacer con los implicados en la causa de espionaje ilegal. Hasta ahora, sus decisiones siempre estuvieron en línea con lo pedido por la Fiscalía, que es quién capitanea la investigación.