Fabián "Pepín" Rodríguez Simón pidió asilo en Uruguay. El principal operador judicial del macrismo lo expresó en una carta que difundió públicamente este lunes. integrante clave de la denominada “mesa judicial”, Rodríguez Simón está acusado en la Justicia de integrar una asociación ilícita organizada con el objetivo de perseguir empresarios.

Entre las razones esgrimidas por el ex funcionario macrista para solicitar la protección uruguaya, "Pepín" explicó que según su entender, “ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país”. Había viajado a Uruguay autorizado por la propia justicia argentina que lo investigaba.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como director de YPF por el Estado Nacional y representante por Argentina en el ParlaSur. Sin embargo, estuvo detrás de la organización de toda la ofensiva judicial para acusar a los accionistas mayoritarios del Grupo Indalo Cristóbal López y Fabián De Sousa. Por las acusaciones que planteó el “cerebro jurídico” del PRO, ambos terminaron durante varios años presos.

“Esta campaña de difamación se convierte en una campaña de odio y hostigamiento en las redes sociales que me lleva a temer, además de por mi libertad, por mi seguridad personal si regreso a la Argentina”, asegura Rodríguez Simón en la carta. 

“Pedí asilo como refugiado político en Uruguay, país en el que me encuentro, en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales complementarias. Esto implica que no voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, explica en el texto.

Rodríguez Simón fue citado por la jueza María Servini a prestar declaración indagatoria en la causa que investiga si existieron presiones sobre López y De Sousa para que cambien la línea editorial de los medios que forman parte de Indalo. Por esta decisión, podría ser declarado en rebeldía por la justicia argentina.

El operador judicial quedó complicado en las últimas semanas en la causa que lo investiga por asociación ilícita luego de que se detectaran que mantuvo más de 700 comunicaciones con el Gobierno de la Ciudad y más de 400 con la Secretaría General de la Presidencia. También figuran 162 llamadas al entonces ministro de Justicia Germán Garavano y 139 a un teléfono de la Jefatura de Gabinete de Ministros que antes habría estado a nombre de Farmacity SA. Más de cien comunicaciones a la Jefatura de Gabinete; Fernando Sánchez, el vocero Jorge Grecco o directamente a la Presidencia de la Nación.

En esa línea también se identifican un centenar de llamados a las firmas Casino Buenos Aires SA o Casino Club SA; y unos 27 a la Asociación de Agentes de Loterías y Casinos y a Dolores Pujol, integrante del directorio de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. También hay llamadas con teléfonos del Banco Finansur, que perteneció a López y cuya quiebra determinó la Justicia en 2018.