En medio de una economía en crisis y en pleno año electoral que condiciona la agenda política, en la Patagonia hay otra puja que suma un dolor de cabeza en el Gobierno. En agosto vence la concesión de las represas hidroeléctricas que hoy están en manos del Estado nacional y fueron otorgadas a empresas privadas. En este punto, legisladores de Neuquén y Río Negro trabajan desde hace años para que vuelvan a la órbita de sus provincias, una vez que finalicen los contratos actuales. El gobernador Omar Gutiérrez y su par Arabela Carreras están al frente del reclamo.

Las concesiones de las represas ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén finalizan dentro de poco menos que 4 meses, ya que el contrato de concesión fue firmado en 1993 por un plazo de 30 años. Allí se establece que las centrales deben ser revertidas sin cargo al concedente, es decir, al Estado nacional. Ese será el punto de partida para un debate político pero también judicial. Nación sostiene que las represas son de índole nacional porque afectan directamente al interconectado de energía eléctrica, mientras que las provincias se aferran a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que estableció que los recursos naturales son de las provincias.

El caso es que el gobierno nacional decidió no renovar las concesiones y hacerse cargo de la administración a partir de agosto. A ciencia cierta, no hubo comunicación oficial, fue dado a conocer por la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, en el marco del coloquio IDEA realizado días atrás en Neuquén. Luego, la funcionaria lo confirmó a las autoridades provinciales en una reunión a puertas cerradas. 

La semana pasada, el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro, advirtió luego de reunirse con Royón que “no van a prorrogar las concesiones hidroeléctricas”. Y añadió: “el gobierno nacional nos manifestó que tiene diseñada una hoja de ruta. Una vez que la conozcamos en detalle y nos saquemos todas las dudas, van a ser los gobernadores quienes definan si consensuamos con ese trabajo o consideramos que hay que hacerle modificaciones”.

Así, Nación creo “una mesa de negociación con las provincias principalmente para tratar el tema de las concesiones hidroeléctricas para que las concesiones vuelvan al Estado nacional pero trabajando con las provincias porque tenemos una fuerte mirada federal”, explicó la secretaria de Energía a la prensa. Según pudo saber Data Clave, el jueves 27 comenzó una reunión de dicha mesa pero pasó ese mismo día a un cuarto intermedio que no volvió a retomarse aún, por lo que no trascendieron novedades respecto de la negociación.

Mientras tanto, las provincias se preparan para dar la batalla legal. De acuerdo a la información que recolectó este medio, hay aceptación en trabajar de manera conjunta con Nación, pero ya hay un plan B: un planteo judicial por si no hay acuerdo y avanzan sin la participación de las provincias. Ya hay dos borradores en marcha, uno para plantear el control de las provincias y otro para disputar la inmediata operatividad una vez que finalicen los contratos, en agosto. "Creemos tener el mismo derecho de Nación, por eso no nos parece que nos quieran imponer de hecho una operatoria inconstitucional”, confió un legislador de peso.

Sucede que la decisión del Gobierno sorprendió a los patagónicos, ya que en reuniones informales habían comunicado la intención de renovar las concesiones por un año. Durante todos estos meses, desde Neuquén y Río Negro trabajaron en conjunto para tomar posesión de las represas una vez que finalice la concesión en agosto de este año. 

Las represas hidroeléctricas en disputa son Alicurá -operada por la empresa AES Argentina; El Chocón y Arroyito, administradas por Enel Generación; Planicie Banderita, gerenciada por Oroazul Energy; y Piedra del Águila, a cargo de Central Puerto.

La discusión esconde también una cuestión que no es menor, como es la de las regalías: Neuquén exige una devolución de regalías hidroeléctricas que van desde agosto de 2016 hasta julio de 2021 y supera los 1.164 millones de pesos. Y hay un detalle no menor de fondo: el costo que pagan en las provincias por un bien que producen. Exigen tarifa diferencial por ser productoras y reclaman que hoy se les cobra traslado y transporte de la misma, desconociendo su rol en la cadena de producción.