Genocidas mimados, periodistas enjuiciados: el sesgo autoritario del gobierno de Milei
El gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich en la toma de decisiones, decidió enviar a los militares condenados por delitos de lesa humanidad al sector VIP de la cárcel de Campo de Mayo, donde cuentan con privilegios exclusivos. Paralelamente, enjuicia a la prensa por cuestionar su gestión. Este doble estándar refuerza la conducta fascista de la que pretende renegar cuando se la pone de manifiesto y no deja de ser una velada reivindicación de la dictadura cívico-militar. La democracia argentina enfrenta un retroceso que amenaza su legado de justicia.
Mientras el gobierno de Javier Milei mejora las condiciones de represores condenados por crímenes de lesa humanidad -militares que, entre otras atrocidades, persiguieron y asesinaron a periodistas durante la dictadura-, enjuicia y pide cárcel para quienes hoy critican su gestión. La paradoja es tan cruda como reveladora: genocidas como Alfredo Astiz, responsables de miles de torturas, desapariciones y asesinatos, ahora disfrutan de una cárcel con canchas de tenis y talleres de teatro en Campo de Mayo, el mismo lugar donde funcionaron centros clandestinos.
Al mismo tiempo, periodistas como Viviana Canosa, Carlos Pagni y Ari Lijalad enfrentan la demanda judicial por calumnias e injurias promovida por Javier Milei y agitada por un ejército de trolls digitales liderados por empleados a sueldo del Estado como “Gordo Dan”, líderes en ese universo paralelo de redes sociales en el que habita el presidente. En julio de 2024, seis diputados de La Libertad Avanza visitaron a Astiz y otros represores en Ezeiza, un gesto que el gobierno defendió como “humanitario”. Este doble estándar no es solo una contradicción; es la huella de un sesgo autoritario que tiñe la democracia argentina. En el centro de esta trama está Campo de Mayo, un lugar que condensa el pasado más oscuro y el presente más inquietante.
Campo de Mayo como Máquina de Horror
Entre 1975 y 1983, Campo de Mayo fue un engranaje clave del terrorismo de Estado. Cuatro centros clandestinos operaron en su predio: El Campito (o Los Tordos), Las Casitas, la Prisión de Encausados y el Hospital Militar. Según el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y expedientes judiciales, unas 5.000 personas pasaron por El Campito, la mayoría activistas políticos, sindicales, obreros, o estudiantes. Menos del 1% sobrevivió. Los métodos eran brutales: descargas eléctricas, golpizas, simulacros de fusilamiento, violencia sexual. El Hospital Militar funcionó como maternidad clandestina, con al menos catorce partos registrados. Los bebés fueron robados y entregados a familias afines al régimen; las madres, en casi todos los casos, asesinadas. Desde la pista de Campo de Mayo despegaban los “vuelos de la muerte”, donde detenidos sedados eran arrojados al Río de la Plata o al Atlántico.
Los responsables incluían a figuras de alto rango como Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares, condenado a perpetua por liderar la represión en la Zona 4; Luis del Valle Arce, jefe de inteligencia, sentenciado por torturas y desapariciones; Carlos Javier Tamini y Mario Domínguez, oficiales de inteligencia, con perpetua por operar en El Campito; Guillermo Suárez Mason, comandante del I Cuerpo, condenado por supervisar la red represiva. Campo de Mayo no fue solo un lugar de castigo; fue una fábrica de aniquilación, diseñada para borrar cuerpos y evidencias.
El presente: una prisión con comodidades
En mayo de 2025, la Unidad 34 de Campo de Mayo se transformó en una suerte de hotel spa para los gerenciadores del horror. Reabierta en 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri, tras cerrar en 2013 por una fuga, esta prisión ahora alberga a 69 represores, incluyendo los diecinueve que esta semana fueron trasladados desde Ezeiza, donde ya contaban con privilegios muy por encima de la prisión normal, pero aparentemente insuficientes para los presos por crímenes de lesa humanidad.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente de Bullrich, justificó el movimiento por la necesidad de liberar espacio en Ezeiza para mujeres detenidas y por la cercanía del Hospital Militar, ideal para internos de edad avanzada.
La Unidad 34 no es una cárcel común. Los internos tienen acceso a canchas de tenis, vóley y fútbol, un gimnasio, pistas de caminata, huertas, quinchos, talleres de teatro y clases de stretching. Las celdas son “habitaciones” separadas por paredes de durlock, sin el doble vallado típico de prisiones de máxima seguridad. El Hospital Militar garantiza atención médica inmediata, un lujo raro en el sistema penitenciario argentino. Organismos de derechos humanos, como H.I.J.O.S. y CONADU, la llaman “penal VIP” y denuncian que estas comodidades violan el principio de igualdad ante la ley. Que sea Campo de Mayo, un lugar donde los propios represores cometieron atrocidades, añade una capa de indignación.
Los 19 trasladados, todos con cadenas perpetuas, incluyen nombres notorios como el de Alfredo Astiz, condenado por secuestrar, torturar y asesinar a doce personas en la ESMA, entre ellas Azucena Villaflor y Esther Ballestrino, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.
Antonio Pernías, sentenciado por torturas y asesinatos en la ESMA, donde participó en interrogatorios y “traslados” de detenidos. Ricardo Cavallo, condenado por secuestros, torturas y desapariciones en la ESMA, parte del Grupo de Tareas 3.3.2 que ejecutaba “vuelos de la muerte”. Adolfo Donda, el exoficial de la Armada condenado por secuestros, torturas y apropiación de menores, incluyendo a su sobrina, Victoria Donda. Rodolfo Cionchi: sentenciado por torturas y asesinatos en el circuito represivo de La Plata, ligado al Grupo de Tareas 5. Alberto González, condenado por secuestros y torturas en centros clandestinos de Buenos Aires, vinculado a la ESMA.
Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo de Guillermo Suárez Mason, condenado por secuestros y desapariciones en la Zona 1 que correspondía, precisamente, a Campo de Mayo. Jorge Rádice: Sentenciado por torturas y asesinatos en la ESMA, involucrado en la logística de los “vuelos de la muerte” y Luis Navarro, condenado por secuestros y torturas en el circuito Camps, responsable de desapariciones en La Plata. Hay otros diez represores, no identificados públicamente, completan la lista, todos con perpetua por crímenes en la ESMA, Campo de Mayo o circuitos bonaerenses. La mayoría de estos diecinueve privilegiados participaron de la visita que en mayo de 2024 le hicieron los diputados de La Libertad Avanza.
La sombra política que cubre la decisión
El traslado no es un hecho aislado. Si bien la relación entre el presidente y su vice está totalmente quebrada, no debemos olvidar que es Victoria Villarruel una figura central en la defensa de los represores. Desde el 2000 Villarruel construyó su carrera mediática y política abogando por los condenados por crímenes de lesa humanidad, a quienes llama “presos políticos”. Es fundadora y presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), creado en 2006 como una rama de la Asociación Unidad Argentina (AUNAR), liderada por el represor Fernando Verplaetsen, exjefe de inteligencia de Campo de Mayo.
CELTYV, que Villarruel aún dirige, busca equiparar los crímenes de la guerrilla con los del terrorismo de Estado, promoviendo la teoría de los “dos demonios”. En 2014, coescribió Los otros muertos con Carlos Manfroni, un libro que presenta a las víctimas de la guerrilla como olvidadas por la historia oficial. Villarruel también organizó visitas a represores como Jorge Rafael Videla y Miguel Etchecolatz, y su nombre aparece en la agenda de este último, incautada en 2006, como contacto para su defensa judicial. En 2005, participó en la primera marcha de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), reclamando la liberación de militares detenidos.
Varios aliados de Villarruel en estas organizaciones ocupan hoy roles clave en el gobierno. Carlos Manfroni, coautor de Los otros muertos y miembro fundador de CELTYV, es jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad bajo Bullrich. En una columna de 2023 en La Nación, Manfroni propuso liberar a represores mayores de 70 años y cuestionó la validez de los testimonios de sobrevivientes, sugiriendo que buscan indemnizaciones. Guillermo Montenegro, exasesor de Villarruel en el Senado y actual diputado de La Libertad Avanza, fue uno de los seis legisladores que visitaron a Astiz y otros represores en Ezeiza en julio de 2024. Montenegro, con vínculos en AFyAPPA, ha respaldado la narrativa de Villarruel sobre la “memoria completa”. Otro integrante de este círculo es Arturo Larrabure, vicepresidente de CELTYV y asesor en el Ministerio de Defensa, quien en 2024 defendió públicamente la visita a Ezeiza y pidió prisión domiciliaria para los represores.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, es otra pieza central. Durante la dictadura, Bullrich, entonces militante de la Juventud Peronista y vinculada a Montoneros, participó en actividades políticas, aunque niega haber integrado la guerrilla armada. Su pasado contrasta con su postura actual: como ministra, ha relativizado los crímenes de lesa humanidad y defendido a los represores. En 2023, durante la campaña, prometió una “solución” para los militares “injustamente detenidos”. En julio de 2024, justificó la visita de los diputados a Ezeiza, argumentando que no era una decisión “orgánica” del gobierno y que los represores merecen ser escuchados. Bullrich también ha evadido responder a la justicia sobre cómo el SPF, bajo su órbita, facilitó el ingreso de los legisladores. En una entrevista de 2024, afirmó que algunos detenidos están presos “sin causa” y que la prisión es, en ciertos casos, una forma de “venganza”. Su ministerio, además, confirmó una primera visita de legisladores a represores en Campo de Mayo el 15 de marzo de 2024, previa a la expuesta mediáticamente de mayo, pero se negó a revelar los nombres de los involucrados, citando “datos personales”.
El episodio de Ezeiza, organizado por el diputado Beltrán Benedit, revela más conexiones. Benedit, cercano a Villarruel, trabajó con el sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo de un represor condenado, para promover un proyecto de ley que otorgue prisión domiciliaria a los condenados. Los otros legisladores involucrados -Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Montenegro- viajaron en una camioneta oficial autorizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Chats filtrados muestran que Benedit buscaba presionar a Milei y llegar a la Corte Suprema, presentando a Astiz como “combatiente de Malvinas”.
Los periodistas de Data Clave, Mauro Federico e Ivy Cángaro, quienes revelaron la visita, fueron denunciados por los represores por calumnias e injurias cuando expusieron, además, la ruta del dinero expoliado en dictadura y que en la actualidad les permitiría solventar sus gastos. En diciembre de 2024, los genocidas de Ezeiza, con Astiz a la cabeza, recurrieron a la misma arma que Milei blandiría meses después contra Canosa, Pagni y Lijalad: demandas por calumnias e injurias, como si el manual del poder no hubiera cambiado en medio siglo. Es un eco perturbador: el presidente imita los métodos actuales de quienes cuando tuvieron poder silenciaron con sangre, y entonces amerita preguntar(se) cuál será el límite de esa imitación.
Estas acciones no son improvisadas. Desde 2016, decenas de represores obtuvieron prisión domiciliaria, a menudo por motivos médicos poco convincentes, como hipertensión o estreñimiento. Milei, Villarruel, Bullrich y sus aliados parecen compartir una agenda que, sin declararlo abiertamente, apunta a morigerar las penas de los condenados, cuestionando la legitimidad de los juicios que, desde 2003, han sentenciado a 1.058 represores en 273 procesos.
El contraste entre el Campo de Mayo de la dictadura y el actual es inevitable. Hace cincuenta años sus 5.000 detenidos enfrentaban tortura y muerte; hoy, sus 69 internos disfrutan de privilegios. Las mujeres que dieron a luz en el Hospital Militar lo hacían en la miseria; los represores de hoy tienen acceso a atención médica de primer nivel. Este desbalance no solo es práctico: es simbólico. Alojar a los genocidas en el lugar donde cometieron sus crímenes es visto como una normalización de la impunidad.
Qué sigue
El traslado a Campo de Mayo no es solo una cuestión carcelaria; es un termómetro de la democracia argentina. Los juicios por la dictadura fueron un triunfo colectivo, fruto del trabajo de sobrevivientes, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y una sociedad que dijo “Nunca Más”. Pero las señales del gobierno de Milei apuntan a un retroceso que evoca los días más oscuros de la dictadura, no por su violencia, sino por su lógica de silenciamiento y polarización. Entonces, los opositores eran desaparecidos; hoy, los críticos enfrentan hostigamiento judicial y campañas de desprestigio.
El periodismo, pilar de la democracia, está bajo asedio. Desde el inicio del gobierno mileísta los periodistas han sido blanco del gobierno con bravatas en redes sociales y declaraciones de prensa. Esta semana el presidente fue por más, y luego de "bromear" acerca de una lista de periodistas a encarcelar, en la misa de "Gordo Dan", Milei inició querellas por calumnias e injurias contra Canosa, Pagni y Lijalad, acusándolos de difamación.
Estas demandas, aunque de alcance penal limitado, buscan intimidar. Según el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en 2024 se registraron 47 casos de hostigamiento judicial contra periodistas, un 30% más que en 2023, muchos impulsados por figuras cercanas al oficialismo.
Milei no actúa solo. Su discurso, que tilda a opositores de “zurdos”, “corruptos” o “traidores”, ha desatado una ola de incitación al odio que recuerda las listas negras de la dictadura, cuando señalar a alguien podía costarle la vida. En X, su ejército de influencers y trolls amplifica esta retórica. Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, es un ejemplo paradigmático. Con más de 200.000 seguidores, coordina campañas de acoso contra periodistas, activistas y políticos críticos. En octubre de 2024, llamó a “escrachar” a Pagni tras su columna, publicando su dirección personal y alentando a sus seguidores a “hacerle sentir el peso del pueblo”. Posts similares de otros influencers, como @LaLibertadAvanzaOk, han apuntado a Canosa y Lijalad, desencadenando amenazas de muerte y hostigamiento online. Un informe de la Fundación LED de 2024 documentó que el 60% de los periodistas argentinos reportaron haber recibido intimidaciones en redes sociales, muchas orquestadas por cuentas ligadas al oficialismo.
Esta estrategia no es nueva. La dictadura usaba la censura y la violencia para acallar voces; el gobierno de Milei recurre a la judicialización y la estigmatización. Las querellas contra periodistas, las campañas de trolls y las visitas a represores forman un patrón: deslegitimar a quienes cuestionan el relato oficial. Si los juicios por lesa humanidad fueron un faro de justicia, el traslado a Campo de Mayo y el hostigamiento a la prensa son nubes que lo oscurecen. Organismos como H.I.J.O.S. y CONADU han prometido llevar el caso a los tribunales, exigiendo que los represores cumplan penas en cárceles comunes. La comunidad internacional, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta la ONU, podría intervenir si se confirma que estas medidas violan los derechos de las víctimas o la libertad de expresión. Argentina, que ratificó la Convención sobre Desaparición Forzada en 2007, enfrenta un escrutinio creciente.
Campo de Mayo, que debería ser un sitio de memoria, se ha convertido en un refugio para los verdugos. La pregunta no es solo si esto es justo, sino si Argentina permitirá que su historia sea reescrita mientras las voces críticas son silenciadas, una por una, bajo el peso de demandas y amenazas.