Los gobernadores provinciales, sin importar el color político, pusieron en marcha una estrategia legislativa que busca ponerle freno al “ahorcamiento” financiero que, aseguran, impone la Casa Rosada. La bronca por promesas incumplidas y la falta de diálogo empujó a los mandatarios a avanzar con una batería de proyectos que, de prosperar, dejarían al Ejecutivo sin margen para imponer un veto en el Congreso.

En una reunión reciente en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), todos los gobernadores firmaron un documento que podría convertirse en un proyecto de ley para cambiar la forma en la que se reparten los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y el componente vial del impuesto a los combustibles. La idea es simple: romper el cerco que puso el Gobierno a las transferencias hacia las provincias y garantizar un reparto menos discrecional de los fondos.

Aunque el texto aún no fue ingresado al Senado, está siendo redactado por el bloque de Unión por la Patria, que espera el aval final de los gobernadores para avanzar. El plan cuenta con el respaldo de legisladores que podrían asegurar su aprobación tanto en Diputados como en la Cámara Alta.

A este frente se sumó en las últimas horas otro grupo de gobernadores, esta vez del centro-norte del país, que quiere impulsar una ley que establezca tarifas eléctricas diferenciadas durante los meses de verano. El modelo seguiría el esquema de la actual zona fría, que otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en el gas para los usuarios del sur durante el invierno.

El reclamo, que viene acumulando años de frustraciones, vuelve a la escena con fuerza. La nueva propuesta incluiría a Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, además de algunos departamentos de Córdoba y Santa Fe. Según el borrador, el financiamiento del beneficio surgiría de un cargo adicional en las boletas del resto del país, aplicable durante diciembre, enero, febrero y marzo.

Estas iniciativas generan incomodidad en la administración de Javier Milei, ya que no sólo implican una redistribución de recursos que hoy están centralizados, sino que también rompen el blindaje político que venía sosteniendo al Ejecutivo en el Parlamento. Si ambas propuestas avanzan y son vetadas, los legisladores tienen los votos necesarios para insistir y convertirlas en ley sin el aval presidencial.

“Todo está sobre la mesa y todo forma parte de la negociación. Las provincias estamos muy ahogadas, no tenemos fondos y las promesas del Gobierno se incumplieron. Guillermo Francos ayer dijo que tenían 68 obras en rutas y que ya se devengaron más de 100 mil millones de pesos, esto es realmente insuficiente. Todos los distritos tenemos problemas con las rutas nacionales y se están ‘comiendo’ los impuestos que son nuestros, entonces no pueden decir que estamos afectando el superávit”, lanzó uno de los gobernadores que participó del encuentro en el CFI.

Desde el norte del país insisten con la necesidad de una tarifa diferenciada por cuestiones productivas y climáticas. “Necesitamos energía más barata porque tenemos que usar riego intensivo por las altas temperaturas para poder producir. Además, no puede ser que nosotros generamos la energía y cuando vuelve nos sale más caro”, explicó un mandatario provincial de esa región.

El apuro por sancionar estas leyes también responde al calendario electoral. Los gobernadores quieren que las normas estén definidas antes de que se recaliente la interna por las elecciones de medio término. Pero en la Casa Rosada ya avisaron que no piensan ceder y que van a hacer todo lo posible para dilatar la discusión, incluso bloqueando el funcionamiento de las comisiones clave como la de Presupuesto, que todavía controlan en ambas cámaras.

El contexto no es sencillo para el oficialismo. En paralelo, en el Senado ya esperan tratamiento proyectos con media sanción que Milei prometió vetar: el aumento de 7,2% a las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Mientras tanto, los gobernadores pisan el acelerador y el Congreso vuelve a convertirse en el epicentro de las tensiones entre el Gobierno nacional y las provincias.