El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con la idea de aplicar una reglamentación que limite que más de una persona circule en moto en determinadas zonas y horarios, con el objetivo de bajar los hechos de inseguridad por parte de delincuentes a bordo de este transporte.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dio mayores precisiones este miércoles con respecto a la conferencia de prensa que dio el lunes pasado. Reveló que su objetivo es desarmar los focos delictivos en las zonas más complejas del Conurbano bonaerense.

La propuesta de Alonso sería una medida adicional a la reglamentación vigente. El ministro entiende que la política de registro de vehículos no es suficiente para combatir el delito, aún cuando se revisaron más de 450 mil motos, sobre un total aproximado de 750 mil personas.

No se trata de complicar la vida de los ciudadanos de a pie, sino de prevenir el delito”, afirmó el titular de la cartera de Seguridad, quien asegura que tiene el visto bueno de todos los intendentes para llevar a cabo el plan de seguridad.

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“Esta nueva restricción se basa en la Ley N° 15.143, sancionada en 2019, que ya establece requisitos como el uso de patente visible en casco y chaleco reflectante para conductores, y chaleco con dominio para acompañantes”, detalló.

La medida aprobada en 2019 se llama “Ley Antimotochorros” y fue validada por la gestión de Cambiemos. En ese momento, Cristian Ritondo era ministro de Seguridad bonaerense, mientras que la diputada María Eugenia Vidal estaba a cargo de la gobernación.

La medida ya fue implementada en el municipio de Ezeiza y se aplicará también en La Matanza, dos intendencias a cargo de dirigentes peronistas (Gastón Granados y Fernando Espinoza, respectivamente). Según los últimos datos, en la Provincia de Buenos Aires se comete un robo cada cinco minutos y la modalidad más común es la de los motochorros. “La mayoría se contactó interesado. Ya estamos agendando reuniones para así poder implementarlo en todos los municipios del conurbano bonaerense”, dijo.

La nueva ley permite a los municipios determinar zonas de aplicación obligatoria de estas medidas y faculta a las autoridades a secuestrar motos por incumplimiento, con la posibilidad de compactación o donación del vehículo si no se acredita la titularidad en 60 días.

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Un importante dirigente del PRO le dijo a Data Clave que la ley sancionada en 2019 nunca se puso en vigencia por la demora de los intendentes para determinar las zonas y horarios en las que se iba a aplicar. “La idea era que se llevara a cabo en zonas y horarios comerciales, no para todo el día”, explicaron.

Esta misma persona asegura que el ministerio de Seguridad explicó “mal” la aplicación de esta medida, dado que no se dieron precisiones sobre cómo será el sistema. Y sobre un posible respaldo a Axel Kicillof por esta medida, fueron contundentes: “Primero hay que ver cómo lo reglamentan, porque lo que están planteando está mal. Y tuvieron seis años para hacerla, ¿por qué la aplicarían ahora?”.

La oposición se enfrenta ante un dilema: por un lado, la derrota cultural contra el kirchnerismo y el progresismo al ver que se toman medidas consideradas “duras” en materia de seguridad; por otro, entienden que esta jugada se da en un año electoral y en un contexto en el que la gente pide acciones contundentes para frenar el delito.

En ese sentido, el ministro Alonso compartió estadísticas sobre delincuencia relacionada con el uso de motos: durante operativos recientes, alrededor de 455,000 motos fueron inspeccionadas, resultando en la incautación de más de 12.000 motos por delitos y 32.700 por infracciones de tránsito. ¿Será una solución a los problemas de inseguridad en el Conurbano?