Luego de un 2024 que estuvo marcado por el ajuste del gobierno a las universidades nacionales, que provocaron constantes reclamos del sector y dos marchas masivas en todo el país, el 2025 se prepara para ser un nuevo año de conflicto entre las partes. Los atrasos salariales y la incertidumbre por el financiamiento de las altas casas de estudio son los puntos principales de los pedidos. Sin embargo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, puso el foco ahora en la cantidad de trabajadores de las universidades nacionales. 

Durante el año pasado, el movimiento estudiantil, docentes y no docentes, sumado a la comunidad universitaria en general, le generaron un constante dolor de cabeza al gobierno libertario. Los reclamos por el presupuesto destinado a las casas de estudio desembocaron en una gran marcha universitaria el 23 de abril. “Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento; la partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las Universidades para que puedan funcionar. Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022″, leyó la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández, en el cierre del acto central en Plaza de Mayo. 

Tras la resonante marcha, el gobierno y las universidades lograron calmar las aguas por el presupuesto, pero se generó una fuerte discordia por el monto destinado a la Universidad de Buenos Aires y lo que recibieron otras instituciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Mientras continuaban los reclamos de los docentes por la pérdida salarial de más del 40%, el segundo gran foco de conflicto se dio cuando el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financimiento Universitario, que luego fue ratificado por la Cámara de Diputados de la Nación, con el apoyo de legisladores que previamente habían acompañado la medida. Esto llevó a una segunda gran marcha el 2 de octubre en todo el país. 

Para intentar subsanar el retraso en el salario de los docentes, la Casa Rosada otorgó un insuficiente aumento del 5,8% y ajustes a la Garantía Salarial Docente, que permaneció congelada durante todo el año. A pesar de esto, parece que ahora el problema es la cantidad de trabajadores de las universidades nacionales. La polémica la encendió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien el mandatario eligió para profundizar el uso de la motosierra en el sector público. 

"Dato interesante. Las universidades nacionales tienen hoy más empleados que la administración pública nacional (ex FFAA y seguridad)", expresó el expresidente del Banco Central, a través de su cuenta de X. 

X de Fede Sturzenegger

Según el último dato disponible del Indec, habiendose pasado la motosierra de Milei y Sturzenegger, la Administración Pública Nacional tiene un total de 207.025 trabajadores. Cabe destacar que desde que comenzó la gestión libertaria, la APN tuvo un disminución de más de 21 mil puesto de trabajo. La comparación que hace el ministro excluye a las Fuerzas Armadas y Seguridad. 

Si se toma el último dato disponible del Ministerio de Capital Humano en 2022, las universidades nacionales contaban con 216.270 empleados, entre docentes, no docentes y autoridades, una cifra apenas por encima del dato que quiso destacar el funcionario. A esto hay que sumarle la gran cantidad de docentes que decidieron dejar su cargo por los bajos salarios. A lo largo del 2024, sólo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA renunciaron 135 profesores y auxiliares, lo que representa un 35% del plantel docente. 

La publicación de Sturzenegger fue crítica al instante. Por ejemplo, el doctor en Ciencias Químicas y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Rodrigo Quiroga, señaló: "Dato interesante, para que esto sea cierto, Fede está contando como "empleados universitarios" a docentes con dedicación simple (son el 65% del total), que trabajan 10 horas semanales en docencia y cobran aprox 200 mil pesos por mes". 

Por su parte el biólogo y científico Ernesto Resnik, residente en Estados Unidos, explicó que en el país norteamericano “hay más de 4 millones de empleados universitarios” y “menos de 2 millones de empleados estatales no militares”. En ese sentido, señaló que “el 75% de los estudiantes universitarios va a universidades estatales” y opinó, refiriéndose al ministro, que “la universidad argentina es extremadamente eficiente" y que "solo trata engañar con datos manipulados”. 

En la cuestión presupuestaria, los rectores acordaron en su plenario del CIN un pedido de $7,2 billones para garantizar el funcionamiento de las universidades en 2025, pero en el proyecto de Presupuesto que el gobierno no llegó a tratar en el Congreso ante la falta de acuerdo, propuso destinar $3,8 billones, poco más de la mitad de lo que reclaman desde el sector. Esto, sumado a los atrasos en los salarios de docentes y no docentes, vaticina un 2025 colmado de reclamos por parte de la comunidad universitaria, a semanas de iniciar el ciclo lectivo.

Mientras todo esto ocurre, este jueves el gobierno confirmó la cancelación de programas del exMinisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, la medida busca optimizar los recursos públicos y redirigir las políticas científicas hacia sectores prioritarios como agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento e innovación en salud. Además, se prevé la recuperación de fondos de aquellos programas que no alcanzaron niveles mínimos de ejecución.