La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ratificó por mayoría los procesamientos de los ex mandos militares durante la Guerra de Malvinas Eduardo Gassino, Belisario Affrachino Rumi, Miguel Ángel Garde y Gustavo Adolfo Calderini, por aplicar o tolerar torturas contra soldados.

Los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez sostuvieron que los delitos imputados a esos cuatro procesados deben ser considerados de lesa humanidad y que por lo tanto no prescriben por el paso del tiempo. La tercera jueza del tribunal, Hebe Corchuelo, opinó que eran delitos comunes, por lo que están prescriptos.

En el fallo, se sostiene que los soldados “habrían sido sometidos por parte de personal superior de las Fuerzas Armadas a estaqueamientos, enterramientos y deliberada falta de alimentación”.

¿Cómo sigue la causa? Entre el 13 y el 22 de abril el Juzgado Federal de Río Grande tomará declaración indagatoria, por videoconferencia, a los ex militares Edgardo Parada, Jorge Aníbal Santiago Cadelago, Jorge Guillermo Díaz, Emilio Jse Samyn Duco, Horacio Francisco Vlcek y Jorge Raúl Masiriz.

Pese a estos avances, los abogados del Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas mantiene su crítica por la lentitud en la que se viene llevando el proceso. "Al ritmo que lleva la justicia necesitaríamos 311 años para que todos los acusados de torturas en el marco de la guerra de #Malvinas sean juzgados”, aseguró el abogado Jerónimo Guerrero Iraola

Contexto 

La denominada causa “Malvinas” se inició en 2006, por una denuncia presentada por un ex soldado ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y luego ante el Ministerio Publico Fiscal. A esta denuncia inicial, se sumaron otras, que describieron los tormentos padecidos a mano de sus superiores durante su participación en el conflicto bélico.

En un primer momento, la reconstrucción del despliegue y de los hechos se planteó exclusivamente en base a los testimonios y a la colaboración que prestaba el Ministerio de Defensa. A partir de 2015, con la desclasificación de todos los archivos de las fuerzas armadas relativos a Malvinas, se pudo acceder a datos ciertos y rigurosos que permitieron contrastar los testimonios con elementos respaldatorios y reconstruir con mayor precisión los hechos denunciados.

En octubre de 2017, el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Alejandro Rapoport, solicitó la colaboración de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para la tramitación de la causa. La Islas Malvinas se encuentran dentro de la jurisdicción de la Fiscalía Federal de Río Grande, situada en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En el marco de ese pedido de colaboración se elaboró un proyecto de requerimiento de instrucción -pieza necesaria para la apertura de una investigación penal- y un plan de trabajo para el avance de la pesquisa. El requerimiento fue presentado el 11 de mayo de 2018 y se circunscribió a los ilícitos cometidos en el ámbito de actuación del Regimiento de Infantería N° 5, dependiente de la III Brigada de Infantería, asentado en la Isla Gran Malvina.

En esa presentación el MPF impulsó la acción penal sobre 22 de los hechos delictivos más graves que ocurrieron en aquella unidad militar e imputó los crímenes denunciados a 26 personas que revistaban allí.