El fiscal federal Ramiro González imputó al expresidente Mauricio Macri por el supuesto ocultamiento de parte de su patrimonio cuando llegó a ser Jefe de Estado. Esto se dio tras la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción el 17 de junio pasado, que cayó en el juzgado federal de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la jueza María Servini.  

La presentación está basada en el informe que hizo la Inspección General de Justicia (IGJ) en abril donde se solicitó la nulidad del “Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración” de los bienes de Macri.

Este delito en cuestión está dentro del apartado del Código Penal donde se enumeran las distintas acciones relacionadas al enriquecimiento ilícito. El fiscal a cargo de la investigación impulsó la denuncia de la OA y dispuso una serie de medidas de prueba.

De acuerdo al escrito, se pidió que el expresidente sea investigado por los delitos de “omisión maliciosa en sus declaraciones juradas” y “lavado de activos”. 

“Entiendo que corresponde imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $ 5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de 5.064.938 de acciones preferidas de la firma Agro G S.A., la que se habría concretado entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos”,decía denuncia de la Oficina Anticorrupción.

La denuncia refiere la compra de acciones por parte de acciones de una firma agropecuaria, cuando supuestamente era presidente y todo su patrimonio estaba a cargo de un fideicomiso ciego, mediante el cual el entonces mandatario no sabía como se manejaban sus bienes.

Lo llamativo es que esa sociedad repartió dividendos cuando Macri dejó la presidencia y él fue el único beneficiario, por lo que el informe de IGJ supone que en la empresa hubo testaferros para ocultar que el verdadero y único dueño era Macri.