La Auditoría General de la Nación se metió de lleno en la polémica de la semana por la Deuda y lo hace en modo grieta justo cuando el tema del endeudamiento es parte de la disputa electoral. El organismo publicó un informe por el cual ya se había expedido y es sobre la toma de deuda pública durante el periodo 2017 en la gestión Cambiemos. Apuntan inconsistencias en la toma de crédito en el extranjero vía DNU y fijan posición por la actuación del Congreso.

En concreto, la AGN no convalidó la ejecución presupuestaria correspondiente a la Cuenta de Inversión del año 2017. Citan “numerosas irregularidades encontradas en el manejo de la deuda” por parte del gobierno de Mauricio Macri. Este ejercicio de contralor de la contabilidad de cada uno de los presupuestos es parte del mandato constitucional del organismo.

AGN y sus auditores
AGN y sus auditores

Las irregularidades son explicitadas en un dictamen técnico oficial de la AGN que preside el opositor Jesus Rodriguez. Sucede que a pesar de estar presidida por la oposición, el oficialismo tiene mayoría para imponer el dictamen que luego se remite al Congreso. Tanto Rodriguez como Miguel Ángel Pichetto firmaron en disidencia. Según informaron, el capítulo más debatido entre los auditores fue el relacionado con la deuda pública de ese año, donde “se registra el mayor endeudamiento externo en la historia de la Argentina”. La reunión fue en julio de este año pero el informe completo fue cargado este último miércoles. 

En concreto, la auditoría sostiene que para el periodo 2017 el endeudamiento sobrepasó lo autorizado por el Congreso Nacional por la ley de Presupuesto y esto se intentó subsanar con dos Decreto de Necesidad y Urgencia que tienen fecha posterior a varias emisiones en moneda extranjera. En el dictamen solicitan a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que evalúe la conveniencia de requerir al Ministerio de Economía la instrumentación de un plan integral que permita “subsanar” las observaciones que se hacen.

Los decretos a los que hace referencia el informe son el 595/17 y el 1013/17 que autorizaron la emisión de deuda pública. Para ese periodo, el 23% de la deuda directa fue autorizada vía DNU, unos $390.043 millones y un 1% de deuda indirecta ($6.547 millones).

El informe explica que se solicitó al auditado aclarar “los instrumentos colocados en el ejercicio 2017 que fueron autorizados exclusivamente mediante DNU” y que de la respuesta del mismo solo 5 de 19 colocaciones de deuda fueron abarcadas por los decretos “evidenciando que no se llevó un control que le permita distinguir qué operaciones quedan abarcadas por estos Decretos”.

El organismo “técnico” aparece en un momento oportuno para el oficialismo que intenta poner en el centro del debate la toma de deuda en el gobierno de Cambiemos y casi al mismo tiempo de la llegada del ministro de Economía, Martín Guzmán, a la comisión bicameral de Deuda Externa para brindar un informe sobre la situación del endeudamiento y el acuerdo con el FMI.

La AGN considera que “pudo verificarse que el Gobierno de Macri carecía de una estrategia de endeudamiento de acuerdo a los lineamientos internacionales y que tampoco realizaba análisis de sustentabilidad de la deuda y del riesgo cambiario”. Además, acusan a la gestión de Juntos por el Cambio de haber “llevaba el registro histórico de las emisiones en forma precaria en una planilla Excel y por fuera del sistema de registración oficial de la deuda pública”.

El resultado del ejercicio 2017 para la deuda pública fue un aumentó de U$S48.723 millones, lo cual representa un aumento del 18% comparado al año 2016 y un 56,8% del PBI. Por último, el informe destaca que más del 70% de la deuda estaba nominada en moneda extranjera.