Informe elaborado por Lozano afirma que el bono otorgado cubre solo 20 % de la pérdida salarial

El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), a cargo del director del Banco Nación, Claudio Lozano, presentó un informe en el que analiza la situación actual de los trabajadores y describe que la fuerza salarial perdió más de 8 puntos desde el inició del Gobierno de Alberto Fernández.

La presentación, que también lleva la firma del equipo de trabajo de Lozano, encabezado por Ana Remeri, Mariana Rivolta y Eugenia Ventura Flossi, sostiene que en el contexto actual de crecimiento económico de este período, estimado en un 7,8%, "el excedente empresarial se expandió apropiando el 9,3 % del PBI del cual el 75% del mismo fue transferido por los trabajadores/as tanto asalariados como no asalariados, tanto formales como informales".

En ese marco, Lozano y su equipo plantean que "el conjunto de la fuerza laboral perdió en total 8,2 puntos de participación en el ingreso que implica haber transferido un total de U$S 37.239 millones al excedente capturado por el capital concentrado".

En el párrafo principal de informe, Lozano advierte que la cifra corresponde a la situación distributiva en los comienzos del 2020, previo a la pandemia, con la última información disponible del 2021. Informaron que la masa salarial pierde 5,2 puntos de participación, transfiriendo en pesos un valor aproximado de U$S 23.589 millones. En tanto, plantean que los trabajadores informales perdieron 3 puntos en el ingreso, cediendo unos U$S 13.650 millones durante el mismo período.

"En ese contexto, el excedente bruto de explotación concentrado en la cúpula dominante en términos empresariales se expandió en un 11,2 puntos de participación apropiando U$S 50.357 millones. Es decir que el excedente creció por encima de lo que la fuerza laboral le transfirió. La razón: el proceso inflacionario le permitió capturar en su favor incluso los subsidios que el Estado expandiera en el período. En otros términos, durante la etapa considerada los subsidios públicos expandieron el ya abultado excedente empresarial en U$S 13.118 millones adicionales", señalan.

Lozano es uno de los funcionarios más críticos del Gobierno nacional. Fue uno de los primeros en rechazar el acuerdo que consiguió el ministro de Economía Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A su vez, él y su equipo reniegan de las definiciones que viene dando el equipo económico de Alberto Fernández, garantizando que hay un notable crecimiento económico e inversión productiva en el país.

"Este es el contexto de ampliación de la desigualdad en el marco del cual deben entenderse los datos de recuperación de la actividad económica que sistemáticamente se presentan y que, al disociarse de su distribución, oscurecen la comprensión del proceso que vive la sociedad argentina y puntualmente su clase trabajadora", señalan Lozano y su equipo.

El informe está centralizado en cómo impactará el bono de los $18.000 que anunció el Presidente y el titular del Palacio de Hacienda, que lo recibirán trabajadores sin ingresos, monotributistas categorías A y B y empleadas domésticas, siempre y cuando los mismos cumplan una serie de requisitos como no cobrar más de dos salarios mínimos y no contar con medicina prepaga.

Lozano sostiene que "las recientes medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo que se inscriben en una estrategia de compensación que sólo busca intervenir sobre el deterioro ocurrido en el primer trimestre del año, prescindiendo de compensar la pérdida acumulada en los dos años previos. A la vez, en tanto compensación, las medidas adoptadas no constituyen políticas de ingresos y carecen de potencialidad para incidir positivamente en la distribución del ingreso".

El informe dice que "el bono otorgado representa el 43,3% de la pérdida real del Salario Social Complementario (SSC) que acumuló entre diciembre de 2019 y marzo de 2022 por un total de $41.584", mientras que el peor escenario lo tuvo el Salario Mínimo, Vital y Móvil, "que acumuló hasta marzo un rezago real de nada menos que $83.168". "El bono otorgado de $18.000 representa tan sólo el 21,6% de la pérdida soportada", cuestiona el informe.

"Si repetimos el ejercicio para el caso de los/as jubilados/as surge que la pérdida acumulada ocasionada por la fórmula de movilidad jubilatoria (que también afecta a los montos reales pagados de la AUH y la AUE) es de $34.422 para los dos años previos, a los cuales deberían sumarse otros $11 mil para considerar la caída del primer trimestre del 2022. Tales valores que corresponden a lo sucedido con el haber mínimo, deberían duplicarse para obtener lo acontecido con la franja de jubilados/as que perciben hasta dos mínimas. Es decir, que el trimestre objetivo que buscaba cubrir el bono anunciado oscila entre los $11 mil y $22 mil de caída real de los haberes", agregan con respecto a la masa jubilatoria.

Otra frase llamativa del trabajo económica sostiene que "en términos generales, para el sector que vive de su fuerza de trabajo fue más difícil soportar las altas tasas de inflación del año de recuperación económica que la recesión del comienzo de la pandemia".

En uno de los últimos párrafos, concluyen: "El anuncio, aunque pensado en el sentido correcto de reforzar ingresos populares y vincular el financiamiento de la política redistributiva a las rentas o ganancias extraordinarias de los sectores concentrados, no avanza en diseñar un efectivo mecanismo permanente de redistribución progresiva. Por el contrario, fue parte importante del anuncio oficial destacar que la austeridad presupuestaria que permitió sobrecumplir la meta establecida por el FMI en materia de déficit fiscal es lo que hacía posible llevar adelante una política de transferencia".