Al pedido de 12 años de prisión que formuló el fiscal Diego Luciani para Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa “Vialidad” se le sumó otro término legal: inhabilitación especial perpetua. Esa situación es la que desde el kirchnerismo se venía agitando con respecto a una “proscripción” de la vicepresidenta ante una eventual candidatura para 2023.

Más allá de la lectura política que hacen tanto desde el oficialismo como de la oposición, la inhabilitación especial perpetua es una pena que se fija además de los años de prisión para cierto tipo de delitos. Las inhabilitaciones especiales producen la privación del empleo, cargo o profesión, así como también la incapacidad de obtener otro similar durante un tiempo determinado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 del Código Penal.

En el caso de la inhabilitación especial perpetua, es algo que se fija de modo permanente para los delitos que involucran a funcionarios públicos. Justamente la defraudación en perjuicio de la administración pública la incluye como parte de la pena.

También está fijada para el cohecho (las coimas): “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”, dice en su artículo 256 el Código Penal. En esa misma línea, se encuentra el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, que tiene una pena prevista de prisión de uno a seis años de prisión.

¿A partir de qué momento comienza a correr la inhabilitación especial perpetua? Al ser parte de una pena/condena, solo quedará firme cuando sea revisada por todas las instancias correspondientes. En el caso de una eventual sentencia condenatoria contra Cristina, la pena de prisión e inhabilitación solo podrá ser llevada adelante cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso que presenten las defensas.

En este sentido, el antecedente más próximo es lo que sucedió con el expresidente Carlos Menem, que en 2017 fue candidato a senador. Su situación fue objetada debido a que tenía una condena por el tráfico de armas a Croacia y a Ecuador. “Surge claro de lo reseñado que el impedimento para el ejercicio del derecho a ser elegido sólo se verifica en el caso de la persona condenada por juez competente en proceso penal, entendiendo por tal a aquel sobre el cual pesa una sentencia condenatoria firme, pasada en autoridad de cosa juzgada”, dijo la Cámara Nacional Electoral en ese caso.

Cabe resaltar que Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone, también tiene una inhabilitación perpetua. Esa causa quedó firme tras el rechazo de la Corte a intervenir en los pedidos de la defensa.