Intendentes de PBA rechazan la presión de Caputo para eliminar el cobro de la tasa vial

Luego de que el Gobierno instara a las provincias a que implementen medidas para que sus municipios adecuen o eliminen las tasas municipales, un grupo de intendentes peronistas de la Provincia de Buenos Aires le salieron al cruzo y reclamaron por las obras que quedaron a medio terminar.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había lanzado un comunicado dirigdo a las provincias para que insten a los municipios a “que implementen medidas que se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las ‘Tasas municipales’, de aquellas que su valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio, caracterizándose por ser ilegales y arbitrarias, e incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”.

Según informan desde el Palacio de Hacienda, “el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria por parte de los municipios perjudica los esfuerzos del Gobierno Nacional para contener la presión tributaria”. Además, señalaron que estas prácticas impactan negativamente en los costos de bienes y servicios. “Seguimos dando la batalla contra el atropello de los intendentes que abusan de sus vecinos”, planteó Caputo.

Esta sugerencia con tintes de imposición no cayó bien en las filas del peronismo. De hecho, intendentes bonaerenses levantaron la guardia y, además de rechazar esta iniciativa del Gobierno, también reclamaron por la finalización de la obra pública que fue paralizada por Nación.

“Caputo: sacá el 12% del impuesto a los combustibles y nosotros sacamos el de los municipios, que es en torno al 1%. Y, de paso, autoricen la finalización de la estación de tren de Quilmes, que tiene un 70% de avance y es una obra trascendental para nuestra gente y nuestra ciudad”, sostuvo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

También se expresó el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien pidió que se elimine el 12% del impuesto al combustible y que se retome obras de AySA. “Hace un año que todas están paralizadas por decisión de su gobierno. Las que se reactivaron, salen de los tesoros municipales. Es crucial que se reactiven los trabajos de cloacas y agua corriente. No conozco casta que bombee agua de pozo”, señaló.

Otro que se sumó fue Damián Selci, intendente camporista de Hurlingham. “En vez de “reclamar” a los municipios, reclámenle a Aysa que termine las obras pendientes para los vecinos. La Justicia ya dictó una cautelar a raíz de una presentación nuestra para evitar abusos contra la gente y llamar a la terminación de las obras”, lanzó.

También se sumó Julián Álvarez, de Lanús. “Caputo si tanto te interesa lo que pasa con los servicios en los municipios, en vez de atacar a los distritos del conurbano por qué no trabajás para que @AySA_Oficial retome las obras de agua y cloacas que están paradas hace un año en Lanús y que tanto necesitan los vecinos y vecinas”, expresó.

A estos planteos se sumaron Juan Ustarroz (Mercedes), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Nelson Sombra (Azul), Gastón Granados (Ezeiza), Maximiliano Wesner (Olavarría), Leonardo Boto (Luján), Fernando Raitelli (Brandsen) y Francisco Echarren (Castelli).

“El 33% de lo que vale la nafta son impuestos nacionales, ministro Caputo. No mienta ni confunda a los argentinos, no los trate de tontos. De lo que la nación le cobra a los vecinos, nada reciben a cambio. En cambio, de la tasa vial municipal el 100% se utiliza para pavimentar o para reparar pavimentos. Nuestros vecinos tienen muchos más motivos para pagar tasas municipales que para pagar impuestos nacionales que hoy no le sirven para nada, porque nada vuelve como contraprestación”, detalló el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

El Gobierno ya diseñó una estrategia que está en marcha. Luego de algunos fallos judiciales adversos en la justicia ordinaria, directamente hizo estos planteos ante la Corte Suprema de Justicia. El último fue contra el municipio de Lomas de Zamora por el cobro de la tasa vial. Lo que busca el oficialismo es que ese tributo se declare como inconstitucional.

El argumento del Gobierno es que la tasa vial es ilegal porque grava una actividad que ya está sujeta al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), un tributo de carácter nacional. Para el Gobierno, si el máximo tribunal de Justicia hace lugar al pedido realizado contra la decisión adoptada por el distrito que gobierna Federico Otermín, la resolución podría extenderse al resto de las comunas.